Este lunes 28 de junio se concretó la firma que pondrá en marcha el “Protocolo de articulación para la atención de mujeres privadas de libertad del CAI Vilma Curling Rivera, en el marco de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Puente al Desarrollo”.
La firma estuvo a cargo de la ministra de Justicia y Paz (MJP), Fiorella Salazar, y el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Juan Luis Bermúdez, en un acto llevado a cabo con todas las medidas sanitarias, en el Centro de Atención Integral Vilma Curling.
El protocolo –cuya primera fase se llevará a cabo entre julio y noviembre de 2021- articulará acciones interinstitucionales para la referenciación por parte del MJP al IMAS de las mujeres privadas de libertad de ese centro penitenciario que se encuentran en situación de cambio de nivel, libertad condicional o en egreso. A partir de esa referenciación, serán valoradas de manera prioritaria para su atención en la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo (EPD).
El beneficio para poder acceder a los programas de la EPD se aprueba hasta que la persona egresa del centro penal, es decir, el subsidio del IMAS está previamente aprobado y las beneficiarias tendrán acceso a éste hasta que estén fuera del CAI Vilma Curling, momento cuando se activa el seguimiento para que sean valoradas para formar parte de los programas de Puente al Bienestar.
“Con este protocolo firmado entre el IMAS y el MJP creamos un puente de protección y promoción social que les acompañe durante los primeros años de su nueva vida en libertad, lo cual dará como resultado la reconstrucción de su plan de vida y una exitosa reinserción familiar y comunitaria”, afirmó el ministro Bermúdez.
Agregó que “la exclusión social, la violencia y la dependencia económica son situaciones que anteceden a muchas de las mujeres en privación de libertad”, acotando que “el sistema penitenciario realiza esfuerzos enormes para generar capacidades y estimular el potencial durante el cumplimiento de las sentencias”.
La ministra Salazar explicó que “como continuación a los procesos educativos y laborales que se desarrollan dentro del centro penitenciario, este protocolo es una muestra concreta del Estado trabajando como tal. No es el trabajo de instituciones de manera aislada, sino la construcción de un tejido que permita a las mujeres tener más oportunidades para no volver nunca más a un proceso penitenciario”.
“Es una apuesta concreta por la inserción social a través del acompañamiento y las puertas que abren los programas Puente, porque a todos y todas se nos hace más transitable el camino de los nuevos comienzos cuando sabemos que no lo andamos en soledad”, concluyó.
“En este centro penal nos convertimos en mujeres emprendedoras y soñamos con salir y sacar adelante a la familia. Pero al salir, la sociedad nos rechaza y la mayoría de las mujeres al salir no tendremos opciones laborales o encontraremos salarios muy bajos que no nos alcanzarán para vivir, comer y ver hijos. Y saber que hay algo con qué empezar de nuevo nos da ilusión”, comentó Rebeca Zúñiga, una mujer privada de libertad.
En una segunda fase, posterior al egreso del centro penal y de acuerdo con el perfil de atención y la disponibilidad presupuestaria, se incorporará a la población beneficiaria en la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, en conjunto con su grupo familiar, en donde se sumará el apoyo de todas las instituciones del sector social, según el marco de derechos y de sus necesidades.
