En días recientes, por redes sociales y en las calles se escuchan pedidos de que las autoridades de la DEA y el FBI realicen labores policiales en nuestro país e, incluso, hagan arrestos. Otros desean que El Salvador nos apoye con jueces y fiscales para realizar la administración de justicia ante la incapacidad local para juzgar la corrupción y los evidentes nexos entre políticos y el crimen organizado, llámese narcotráfico. Este clamor popular anhela la iniciativa del Presidente Bukele de hacer un Centro de Confinamiento de la Corrupción CECOC, equivalente de la megacárcel pero para corruptos. Un San Lucas para nuestros delincuentes de cuello blanco, parece un sueño deseable…
De continuar la reforma constitucional de extradición para nacionales aprobada en el Congreso, se permitiría que políticos criollos que hoy se sienten intocables por su influencia política puedan ir a ser juzgados por autoridades norteamericanas que sí garantizan una justicia real e implacable. Mediante la considerada “mayor reforma constitucional en materia de seguridad de tiempos recientes”, Costa Rica está al lado de otros países de la región que ya usan ese mecanismo para juzgar a quienes a nivel local tienen garantizada la impunidad y sus actividades ilícitas son solapadas o protegidas por sus copartidarios o funcionarios cómplices. Lo bueno que hacen nuestros países vecinos hay que aplaudirlo y copiarlo.
Recordemos lo que pasó con el Jefe de Seguridad de México, Genaro García Luna, quien fue el promotor de la denominada “guerra contra el narco”, que derivó en un narcoterrorismo y que cobró miles de vidas en tierras aztecas. En el discurso se dijo que venían escenarios apocalípticos (política del miedo) y que era necesaria la mano dura, pero en la realidad según la justicia estadounidense se protegía a ciertos grupos delictivos desde la “autoridad”. La estrategia fue utilizar las fuerzas de inteligencia y de seguridad del estado para beneficiar a un solo cartel, arrestando y eliminando a sus competidores ¿Semejanza con Costa Rica? A las pruebas nos remitimos…
Otro caso es Honduras, el New York Times indicó del expresidente Juan Orlando Hernández condenado recientemente a 45 años por narcotráfico que: su “fortuna política estaba ligada a las bandas que transportaban esas drogas, según los fiscales federales de Manhattan. Los traficantes impulsaron su ascenso, subvencionando las campañas de Hernández a cambio de promesas de protección, incluso cuando el presidente se presentaba como un aliado de Estados Unidos en la guerra contra las drogas” ¿Igualitico a la forma de actuar de varios narcopolíticos costarricenses, usted dirá?
Con estos ejemplos se evidencia el tema medular de la lucha contra el narcotráfico: hay que empezar por la corrupción, porque la situación que hoy vive Costa Rica no se puede explicar sin la plena participación y complicidad de “autoridades” que desde sus cargos usan las herramientas y atribuciones de funcionarios o servidores públicos para debilitar la seguridad pública, la educación, la infraestructura, la salud pública, la impartición de justicia, etc, con el objetivo de convertir a nuestro país en un estado fallido. La principal evidencia de esto es la incapacidad actual de nuestro sistema de justicia para juzgar efectivamente a los delincuentes de cuello blanco y la justificada sensación pública de impunidad y desconfianza total en las instituciones que percibe el ciudadano común. En pocas palabras, hemos tenido que ceder nuestra soberanía para juzgar a nivel nacional y de seguridad territorial con la extradición, ante la notoria realidad local de un narcoestado. Esperamos mejoras en el futuro.
Miguel Gutiérrez Pizarro
Abogado y colaborador CRPrensa
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