En medio de un creciente descontento ciudadano, surge un debate sobre la efectividad de los tres poderes de la República en la lucha contra el crimen y la corrupción. La premisa es clara: si el Estado no puede garantizar la seguridad y la justicia, los ciudadanos deben considerar nuevas alternativas para recuperar el equilibrio democrático.
El contrato social, base del sistema democrático, establece que el Estado tiene el monopolio de la fuerza con la responsabilidad de garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, cuando quienes deben hacer cumplir la ley son los mismos que cometen actos de corrupción y represión, se genera una crisis institucional que pone en riesgo la estabilidad del país.
En este contexto, se plantea la necesidad de estrategias pacíficas para restaurar la justicia y sancionar a los funcionarios que han incumplido su deber. La propuesta incluye la creación de un tribunal ciudadano con representación nacional, encargado de procesar casos de traición a la patria y delitos de lesa patria, juzgando a los funcionarios en ejercicio que hayan abusado de la confianza del pueblo.
Las opciones políticas tradicionales no parecen ofrecer una solución real al problema, ya que responden a los mismos intereses bipartidistas de siempre. Además, se señala el riesgo de la concentración de poder, como en el caso de Nayib Bukele en El Salvador, donde se cuestiona qué ocurrirá cuando su mandato termine y ese poder quede en manos de otros actores.
Para muchos, el problema central radica en la concentración del poder y la falta de mecanismos de control verdaderamente ciudadanos. Se plantea la urgencia de eliminar conflictos de interés entre el gobierno, las universidades y las empresas privadas, así como evitar la intervención estatal en áreas que deberían estar sujetas a la libre competencia.
La discusión sobre una reforma institucional que garantice una verdadera democracia participativa está sobre la mesa. ¿Es momento de pensar en una nueva estructura que devuelva el poder al ciudadano?
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