En Matina, conocida en el ámbito policial como Delta 92, y que comprende Batán, Matina y Carrandi, se han alzado preocupaciones sobre la gestión policial y la creciente criminalidad en la zona. El oficial Wilfredo Gómez, del Ministerio de Seguridad Pública, ha expuesto irregularidades graves que afectan tanto la seguridad como la moral del cuerpo policial.
Según Gómez, curiosamente cuando se desencadenó los atentados que han cobrado incluso la vida de policías inocentes, los integrantes de este grupo policial fueron trasladados a otras delegaciones, como Siquirres y Limón. Cuestiona que debieron de informar que fue que detonó esos movimientos después de los atentados, lo que deja en duda al gremio policial que relación podrían tener los atentados con los movimientos de policías. Por ejemplo, el policía dado de baja apenas tenia 15 días de estar en esa delegación de Batan, antes estaba en Carrandí.
Otra irregularidad señalada incluye el uso indebido de recursos públicos, como la reparación de vehículos personales y la reserva de espacios de estacionamiento en áreas destinadas a patrullas policiales. Gómez, quien cuenta con formación académica en criminología, derecho y notariado público, ha denunciado que la profesionalización dentro de la institución no se ve reflejada en oportunidades de ascenso, prevaleciendo favoritismos por encima del mérito.
Pese a que la ley permite a los oficiales estudiar bajo licencia y con convenios de descuento en universidades, la falta de reconocimiento para aquellos que buscan mejorar sus habilidades desincentiva el desarrollo profesional dentro de la Fuerza Pública. Esto ha llevado a la fuga de talento hacia el ámbito privado, debilitando la capacidad operativa de la institución.
La circular MSP-DM-2209-2024, firmada por el Ministro de Seguridad, Mario Zamora, hace un llamado a las jefaturas para gestionar de manera objetiva las vacantes, pero los policías denuncian que esta directriz no se está cumpliendo adecuadamente. La falta de respuesta oportuna y la escasa transparencia han creado un clima de desconfianza que exige una revisión urgente de las prácticas administrativas y el fortalecimiento del liderazgo dentro de la Fuerza Pública.
