Con suma preocupación el país se estanca en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), de acuerdo con los resultados divulgados esta semana por la organización Costa Rica Íntegra.
El estudio cuantifica la percepción de las personas residentes en cada nación sobre la corrupción en los respectivos países. Entre 180 países evaluados, Costa Rica ocupa el puesto 42, con una escala de 58 puntos sobre 100, que no supera la decena de los cincuenta en que el país ha oscilado desde 2012, que no supera su valor más alto obtenido en 2017 (59).
Preocupa también conocer que el país empeoró, en relación con los datos de 2024, en 4 de los 7 indicadores analizados en la medición, y entre ellos el de “Estado de derecho y Gobernanza”. Al respecto, desde un enfoque de derechos y obligaciones, las Convenciones Interamericana y de Naciones Unidas contra la Corrupción establecen, regulan y motivan la designación de un órgano de control superior anticorrupción, una especie de órgano rector en la materia, además de la formulación de una política nacional anticorrupción y su plan de acción, elementos esenciales de un sistema de gobernanza que carece el país.
En setiembre del año anterior varias instituciones, entre ellas, la Defensoría de los Habitantes, fueron convocadas por el Ministerio de Justicia y Paz, a efecto de discutir sobre un “Modelo de Gestión de Integridad para la Política de Integridad y Prevención de la Corrupción”, y en esa oportunidad, esta Institución Nacional de Derechos Humanos recordó el deber de trazar una hoja de ruta para enfrentar este flagelo, y como parte de ella designar un órgano superior responsable de articular al entramado institucional y promover un enfoque estratégico en esta área; de formular una política nacional anti corrupción para prevenir, identificar, sancionar y erradicar este mal; de habilitar mecanismos de participación de la sociedad civil, el sector privado y organizaciones no gubernamentales en los espacios de coordinación y las acciones puntuales que se definan; y de rendir cuentas sobre el avance de la política y las acciones que se ejecuten.
Se recordó también que la propuesta de asignar responsabilidades de dirección a una Comisión Institucional de Alto Nivel, integrada por entidades del Poder Ejecutivo, debía también atender recomendaciones de la OCDE en cuanto a delegar tareas ejecutivas relacionadas con el combate a la corrupción, a dependencias especializadas en la materia. Asimismo, se le hizo ver la necesidad de garantizar total independencia y objetividad al trabajo del órgano al que se asignen labores de dirección en temas de integridad, y los recursos necesarios para cumplir su mandado, de acuerdo con lo establecido en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
A partir de los esfuerzos iniciados, y de los pobres resultados que arroja el IPC 2025, es necesario que el Poder Ejecutivo retome, priorice y agilice el proceso iniciado para estructurar un sistema de gobernanza y emitir una política pública en materia de integridad y lucha contra la corrupción. También actualizar y fortalecer el marco normativo como por ejemplo, examinar reformas a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; actualizar el Decreto que crea la Comisión Nacional de Ética y Valores; reglamentar y cumplir la “Ley para perfeccionar la rendición de cuentas”, entre otras acciones.
Comunicación DHR
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