En un reciente informe del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se denuncia un creciente fenómeno de persecución y acoso digital que afecta a civiles, dirigentes y líderes comunitarios en Venezuela, tras las elecciones de julio de 2023.
El reportaje señala numerosos casos de personas cuyos datos personales, como nombres, fotografías e incluso documentos de identidad, han sido expuestos en redes sociales, plataformas digitales y chats vinculados a simpatizantes del oficialismo. Entre los casos mencionados está el de Raúl, cuyo nombre completo, junto con su imagen y número de documento, fue divulgado sin su consentimiento, colocándolo en una situación de vulnerabilidad.
Este tipo de ataques se ha intensificado, generando una atmósfera de miedo entre la población. Muchas personas han sido incluidas en afiches digitales de «se buscan», a pesar de no haber participado en las protestas postelectorales, como una táctica de intimidación y represalia.
Este patrón de acoso no solo vulnera los derechos fundamentales de los afectados, sino que también pone en peligro la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. Las redes sociales y plataformas de mensajería se han convertido en herramientas para amplificar este tipo de hostigamiento, mientras las autoridades venezolanas han sido señaladas por su inacción ante estos casos.
La situación plantea serias preguntas sobre el uso de la tecnología con fines de represión y el rol que las plataformas digitales deberían tener en la protección de los derechos humanos.
Con Información de France24
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