Los sectores pesqueros (artesanal, palangrero, pesca de cerco y pesca turística, sector empresarial) exigen al presidente de la República, Carlos Alvarado que suspenda la iniciativa del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) de ampliar las zonas marítimas protegidas, aumentando el territorio marino que ocupa el Parque Nacional Isla del Coco, el Área Marina de Manejo Montes Submarinos del MINAE y Parque Nacional Corcovado.
El MINAE y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) promueven el incremento de las áreas protegidas de conservación, en conflicto con la competencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del INCOPESCA, para satisfacer el objetivo político que varios países han asumido en la Cumbre sobre Biodiversidad, del pasado 30 de setiembre, conocida como “30×30”; que consiste en una estrategia para convertir el 30% del planeta en áreas protegidas para el año 2030 y garantizar el sostenimiento de la vida de todas las especies de la tierra.
El Lic. Germán Pochet, abogado especialista en Derecho Ambiental, explicó que la urgencia de ser escuchados por el presidente surge tras no ser atendidas las solicitudes planteadas a los ministros de Agricultura, Renato Alvarado, Comercio Exterior, Andrés Valenciano y Economía, Industria y Comercio, Victoria Hernández Mora.
En una carta firmada por la Asociación de Palangre Cuajiniquil, la Asociación Marinos de San Luis Puntarenas, la Pastoral de las Gentes del Mar de la Diócesis de Puntarenas, la Asociación de pescadores artesanales Mar Nuestro, la Cámara Nacional de Empresas de Productos Pesqueros y Acuícolas, la Cámara Nacional de Industria Palangrera, la Cámara Costarricense de la Industria Atunera, la Cámara de Pescadores Artesanales de Quepos, la Cámara de Pescadores Artesanales de Puntarenas, la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios de Vida y al Colectivo Gentes del Mar, la Federación de Empresarios, Pescadores y Molusqueros de Costa Rica; se le solicita al presidente Alvarado que disponga de un espacio para efectuar una reunión presencial ampliamente participativa, con la presencia de sus ministros de Agricultura, Turismo y Comercio Exterior; cumpliendo con las medidas sanitarias en vigor para encuentros presenciales.
La reunión busca:
- Atender con seriedad y eficiencia los compromisos de sus ministros, frente a nuestro sector, a efecto de suspender efectivamente el proceso 30×30, e iniciar planteamientos de estructuración de los componentes mediante las cuales se ha de implementar ese proyecto político internacional;
- Desarrollar las mesas de trabajo donde participe todo nuestro sector de la industria pesquera nacional, en las que se produzca el trabajo aludido en el párrafo anterior, además, solicitamos que se acojan las propuestas y conocimiento tradicional de los pescadores a fin de promover no solo la conservación, sino también el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos pesqueros, tal y como lo fomenta la plataforma de grandes pelágicos, el cual incentiva la reactivación económica, la generación de empleo y la seguridad alimentaria de miles de familias costarricenses a través de trabajo digno que incita a la prosperidad de nuestros ciudadanos.
- Abstenerse el Gobierno de la República de cualquier contacto individual por subsector, asociación, cámara o agrupación representativa de las distintas unidades que conforman la industria pesquera nacional, que tienda explícita o implícitamente a minar o afectar nuestra unidad en la atención del referido proceso 30×30 y sus acciones derivadas.
Afectación
La ampliación de la zona marítima protegida podría afectar a los pescadores de todas las flotas, ya que los concentraría en un espacio específico, poniendo en riesgo la sostenibilidad de los recursos en el área y, por lo tanto, la sostenibilidad económica y ambiental de la actividad pesquera en territorio costarricense.
Además, las distintas embarcaciones se verán afectadas al tener que competir por el recurso pesquero en un espacio menor, situación que podría ocasionar el desempleo directo e indirecto de más de 30.000 personas en las diferentes comunidades costeras del pacífico costarricense.
“Nuestra mayor preocupación es que el presidente Carlos Alvarado pretende anunciar mediante Decreto Ejecutivo, la ampliación de ese 30% del espacio marítimo, cuando el país necesita reactivación económica efectiva y reconocer los modelos de conservación con la gente”, señaló Pochet.
Sector invisibilizado
El abogado ambientalista indicó que la misiva enviada al presidente Carlos Alvarado expone cómo, desde hace varios años, los subsectores pesqueros han querido acercarse al Gobierno, a través de sus ministros para solicitar un espacio serio y conducente, a efecto de atender legítimas preocupaciones, derivadas de amenazas económicas, sociales y políticas. Sin embargo, los procesos de acercamiento no han dado frutos y se ha desplazado e invisibilizado a los pescadores, “forjándose nuestra convicción de que la voluntad de gobierno para la efectiva solución de los problemas no ha existido”.
Los pescadores exigen ser parte de los análisis relativos con ese proyecto político del 30×30, bajo el compromiso de atender el interés público, pero los días transcurren y las amenazas crecen, sin que los compromisos de los ministros se materialicen.
Agregó que en los últimos días el viceministro de Agricultura, Marlon Monge; ha contactado individualmente a algunas de las entidades que conforman a la industria pesquera nacional, ya sean asociaciones o cámaras, ofreciendo un diálogo particular y segmentado con cada una de ellas.
“Ello no es admisible. El único efecto positivo de la infortunada amenaza del 30×30 ha sido la unión del sector y rechazamos cualquier pretensión de separación de la actividad y del movimiento en causa común”, aseveró Pochet.
Aunque cada subsector tiene necesidades propias y temas particulares, es de suma urgencia destinar acciones de reconducción de este proceso (“30×30”) y que, entre otras cosas, implica la ampliación del Parque Nacional Isla del Coco y del Área Marina de Manejo Montes Submarinos, así como la ampliación un área marina del Parque Nacional Corcovado.
De esta forma, se le exige al presidente Carlos Alvarado suspender de inmediato el errado e ilegal proceso del 30×30 que ha gestionado el MINAE, concretar una agenda de diálogo conjunto, para que de forma democrática se tome un acuerdo sin que se ponga en riesgo la seguridad alimentaria, la cadena de producción y el empleo de cientos de familias costarricenses.
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