¿Teorías de conspiración o prácticas de corrupción? Las preguntas que debemos hacernos los ciudadanos de cualquier democracia donde la ciencia, la técnica, la probidad y la transparencia son ignoradas a través de campañas que atemorizan a la población desinformada, y principalmente cuando se les ha convencido de que los funcionarios públicos son dignos de confianza a ciegas, donde se pide ignorar los protocolos anticorrupción.
Y es que, para entender el texto anterior, necesito pintarte una realidad para que usted pueda tener en el radar las amenazas de actuar por miedo, abandonando el derecho de ejercer, proteger y defender tus derechos ciudadanos, necesarios para proteger los derechos humanos individuales y los derechos humanos universales. De lo contrario, entramos en la “ley del más fuerte”.
Debemos entender que, en una democracia, el poder descansa en el pueblo. Del mismo pueblo se reproducen una diversidad de pensamientos ideológicos, políticos, religiosos y otro montón de ideologías aprendidas por cultura o por decisión propia. Pero, entre ellas, también están las personas que no tienen empatía, son incapaces de medir el dolor que le pueden ocasionar a terceros y se meten en negocios lícitos e ilícitos con la única finalidad de ganar dinero para sí mismos.
De este grupo de personas, una minoría normalmente forma parte de lo que conocemos como crimen organizado. No tenemos forma de evitar que estas personas formen parte de nuestra sociedad. Como son los habitantes de una nación quienes ocupan un puesto como funcionarios públicos, sea por elección popular o no, se ha creado una serie de leyes para poder filtrar y sacar a estas personas del sistema. ¿Pero qué pasa cuando estas personas ocupan puestos de liderazgo?
Correcto, el sistema se corrompe, y normalmente genera que personas inocentes de menor rango se vean afectadas, incluso hasta judicialmente. De este modo, para la opinión pública parece que se están realizando acciones contra la corrupción. Sin embargo, muchos jerarcas pueden estar siendo parte de estructuras del crimen organizado y estar fuera de los radares de las autoridades, continuando con métodos de saqueo de las riquezas del país, sí, de los fondos públicos.
Las empresas, en general, deben estar sujetas a los controles del Estado para la correcta recaudación de los impuestos y evitar la evasión y elusión fiscal de los más grandes generadores de riqueza en el país. Sin embargo, esos mismos empresarios pueden llegar a financiar partidos políticos para generar métodos que les eviten pagar impuestos e incluso para bajar las cargas sociales.
Esto normalmente genera un aumento de impuestos que sobrecarga a empresarios más pequeños, comerciantes y a la clase trabajadora. Mientras tanto, grandes contenedores transportan millones de colones a puertos y aeropuertos, e incluso las calles se ven deterioradas mientras el costo de mantenimiento se distribuye entre los pequeños empresarios, comerciantes y la clase trabajadora.
¿Pero qué pasa si estas empresas tienen acuerdos comerciales con universidades públicas, gobierno e instituciones públicas? ¿No es esto un conflicto de intereses? Hasta podríamos ver cómo se le hace publicidad a empresas privadas desde órganos públicos. Lo malo es verlo como algo normal y no como actos de corrupción.
Entonces debemos preguntarnos: ¿puede una empresa privada firmar un acuerdo con el gobierno y declararlo secreto de Estado? ¿No va esto contra el deber de probidad, transparencia y anticorrupción? Lo cierto es que estos acuerdos nunca deberían estar por encima de la ciencia, la técnica, la ley y mucho menos sobre la Constitución Política.
Si bien es cierto que hay funcionarios públicos que fueron elegidos por mayoría de votos para que nos representen, también están sujetos y limitados por la Constitución Política, y ninguno puede ir más allá de lo que la ley les permite.
Dado que en el pasado se han presentado actos de corrupción entre la empresa privada y doce países del continente, como lo fue el caso de la empresa constructora brasileña Odebrecht, ¿qué nos garantiza que el gobierno de Costa Rica no ceda ante la corrupción de la industria farmacéutica?
Entonces, si a esto le sumamos cómo grupos woke llegan a pagar incluso a la CIDH para impulsar ideologías, siendo un órgano de la OEA, y los gobiernos del continente guardan silencio, ¿podemos pensar que algunos empresarios están realizando prácticas de monopolio a nivel mundial?
Vemos cómo diferentes ideologías y teorías surgen sincronizadas para doblegar la voluntad del ciudadano nacido en una tierra libre. Vemos cómo se busca evitar los controles anticorrupción, cómo han censurado el debate y cómo evitan hablar de cuestionamientos que nacen desde el pueblo. Incluso satanizan públicamente a profesionales que se atreven a cuestionarlos con la ciencia y la técnica.
Por eso pienso que no se trata de teorías de conspiración, sino de prácticas de corrupción. Prácticas abordadas y financiadas por empresas y países con monopolios, cuestionados por contratos que esconden información pública y que someten mediante campañas de miedo que dividen, radicalizan y fracturan la organización social para defender los derechos. Sobre todo, prácticas que pueden constituir la ruptura del orden constitucional. ¿Estamos bajo un golpe de Estado blando?
Los ciudadanos debemos organizarnos FUERA de las redes sociales, analizar el comportamiento de los funcionarios públicos y generar herramientas para evitar el abuso de confianza de los funcionarios públicos, llevar a la cárcel a los corruptos y restaurar el sistema democrático.
Debemos preguntarnos realmente: ¿se trata de teorías de conspiración o prácticas de corrupción?
En el siguiente enlace les dejo un borrador de iniciativa, para someter a debate y crear un método contra quienes cometen delitos de lesa patria y de traición a la patria. Democracia – CRprensa.com. No se nos olvide lo que pasó hace menos de 4 años.
Opinión de Gerardo Ledezma.
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