- Reformas y obligaciones requieren del orden de ₡22.738 millones.
La creación de nuevas leyes especializadas y reformas aprobadas por los diputados y las diputadas de la Asamblea Legislativa, repercuten en la demanda de recursos adicionales por parte del Poder Judicial, con el objetivo de atender estas necesidades.
De esta forma, la institución requiere del orden de ₡22.738 millones, indispensables para su aplicación en la atención de las siguientes obligaciones:
- Ley de Bienestar Animal ₡652 millones
- Código Procesal de Familia ₡410 millones
- Código Procesal Agrario ₡485 millones
- Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada ₡19.192 millones
- Ley 9582 Justicia Restaurativa ₡1.083 millones
- Recursos para pensiones alimentarias ₡ 916 millones
Cabe destacar, que el presupuesto del Poder Judicial para el año 2022, cumple a cabalidad los lineamientos de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y las especificidades de la Regla Fiscal en temas como dedicación exclusiva, prohibición, evaluación de desempeño, la creación de nuevas competencias por reserva de ley, los topes salariales, el pago del IVA y la nominalización de los componentes salariales.
Además, está muy ajustado a la situación fiscal del país, dentro de los parámetros que fijó Hacienda y las limitaciones de la Regla Fiscal, con la aplicación de 139 directrices internas de contención del gasto. Con ello, el plan de gasto representa un 4% del total del presupuesto nacional.
El presupuesto adicional de 2900 millones, consensuado con los Supremos Poderes, se destinaría para instalar el recurso humano en la Judicatura, Ministerio Público y OIJ y poner en marcha la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada.
En cuanto a plazas nuevas, el Ministerio de Hacienda autorizó la inclusión en el proceso de aprobación las correspondientes al OIJ para la administración del incinerador de drogas, así como las requeridas para la Defensa Pública y así extender el servicio en pensiones alimentarias y en atención de asuntos indígenas en las zonas de Turrialba y Buenos Aires.
En lo que respecta a la Junta Administradora de Jubilaciones y Pensiones, la inclusión de ésta es como un programa más dentro del presupuesto institucional y obedece a la solicitud de la Junta Administradora del Fondo, fundamentada en los criterios de SUPEN y la Procuraduría General de la República (PGR) que determinaron su naturaleza jurídica, como un Órgano más del Poder Judicial.
El monto presupuestado por la institución para el próximo año es de ₡469.364.168.719.
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