El circulante activo total del Poder Judicial, al mes de mayo 2022, corresponde a 1.318.063 expedientes, el cual se compone de los casos en trámite y los casos que ya tienen una resolución dictada, sea intermedia, en ejecución o en seguimiento.
De esta manera, en el 40% del circulante judicial activo total, ya se brindó una respuesta a la persona usuaria, pero por la naturaleza de la tramitación judicial, se mantienen activos en los despachos judiciales, hasta su cumplimiento final.
El 60% restante corresponde a expedientes en trámite, es decir, casos que se encuentran a la espera del dictado de una resolución (intermedia, ejecución y seguimiento) o sentencia en primera instancia.
Estos datos actualizados aclaran, los expuestos en la reciente intervención de una señora legisladora en el espacio de control político en el Plenario Legislativo, en la cual indicó que el Poder Judicial tiene 1.252.182 de casos sin darle respuesta a las personas usuarias. La cifra corresponde a la sumatoria de todos los casos en el circulante activo total del Poder Judicial del año 2018.
En dicha intervención se omite el detalle de la composición real del circulante judicial activo, pues a mayo del 2022, se registra 1. 318. 063 de casos activos totales en el Poder Judicial, que se desglosan de esta manera:
- 530 307 casos en los que el Poder Judicial brindó respuesta a la persona usuaria; a través del dictado de una resolución, la cual está en ejecución o con medidas de protección, en materias no penales; o corresponde a resoluciones intermedias en materia penal que requiere del cumplimiento de un plazo para su finalización. (40% del total).
- 787 756 caso en trámite en todas las materias a nivel nacional. (60% del total)
Si se analiza en detalle el circulante judicial en trámite se determina que:
- 540 476 casos en trámite corresponden a la materia cobratoria (41% del total), el cual obedece principalmente a un impedimento de notificar a la parte demandada por inexactitud en el domicilio brindado por la parte actora.
- 247 280 casos en trámite en otras materias jurisdiccionales (19% del total).
Cabe destacar que, del 2018 a mayo del 2022, se ha dado un incremento del 22% en el dictado de resoluciones intermedias como conciliaciones, reparación del daño y suspensión del proceso a prueba en materia penal y de un 27% en el dictado de resoluciones de los procesos no penales que se encuentran en etapa de ejecución y seguimiento. Estos aspectos mantienen el circulante activo, en espera de los plazos de cumplimiento.
Los indicadores de la Dirección de Planificación del Poder Judicial también muestran el incremento de los casos terminados entre el 2018 y el 2019, cuyo crecimiento se registró en un 16%. Para el 2020 estos valores disminuyeron en un 13% al compararlo con el dato del 2019, producto de la atención de la emergencia sanitaria y las acciones de cara a garantizar la continuidad de los servicios, frente al cierre de despachos por contagios como cumplimiento a las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud en resguardo de la salud de personas usuarias y el personal judicial.
No obstante, en el 2021, los casos terminados se incrementan en un 10% al compararlo con los datos del 2020, lo que claramente se demuestra que el Poder Judicial ha venido orientando a la institución, a pesar de la nueva normalidad, en reducir la mora judicial de manera continua, dado que es uno de los principales temas prioritarios como parte de la estrategia institucional.
Presupuesto y recursos humanos
El crecimiento presupuestario y de recurso humano que se observó en el Poder Judicial entre el período 2000-2018, tiene su causa en la puesta en implementación de una serie de reformas legales a nivel nacional y por tanto, la apertura de nuevas oficinas judiciales en todo el territorio nacional. El 2005 registraba 648 oficinas judiciales y el 2021 finalmente alcanzó 880 oficinas en todo el país.
Solo entre 1990 y el 2018, el Poder Judicial registró la aplicación de 114 leyes nuevas y 1034 competencias nuevas, muchas de éstas sin contenido presupuestario específico dado por ley.
En el tema del costo de la materia cobratoria, el Informe del Costo de la Justicia 2021 que está en construcción, arroja como dato preliminar que esta jurisdicción abarca el 2,66% del presupuesto judicial.
Combate a la corrupción
La Cuarta Edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2022, coloca a Costa Rica en el segundo lugar en América Latina, con una puntuación de 7,11 en acciones para detectar, castigar y prevenir la corrupción, superado únicamente por Uruguay con 7.42.
Tema en el que el Poder Judicial es referente por su avance en un modelo de combate a la corrupción interna, el fraude organizacional e infracción al deber de probidad, la creación de la Oficina de Cumplimiento, la aprobación del Código de Ética Judicial, el reglamento de conflictos de intereses, los resultados del Índice de Transparencia del Sector Público -posicionando a tres instancias (Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público y Poder Judicial) del Poder Judicial en los primeros tres lugares-, y la adopción de políticas que fortalecen la transparencia y rendición de cuentas -como Justicia Abierta y participación ciudadana y el Observatorio Judicial. Además, se trabaja en la construcción de la Política Institucional de Anticorrupción.
En marzo del 2019, la Corte Plena planteó la creación de la Sección de Anticorrupción en el Organismo de Investigación Judicial, además el fortalecimiento en el Ministerio Público para contribuir con la celeridad, eficacia y eficiencia en la resolución de los casos de corrupción que ingresan al Poder Judicial y es hasta el 2021, donde las autoridades del Ministerio de Hacienda y el Poder Ejecutivo dotan de recursos dicho plan.
Asimismo, en el 2021, se dio la segmentación de la Fiscalía de Probidad para contar con sedes regionales.
Finalmente, como parte del proceso de implementación del proyecto de la mejora integral del proceso penal, se implementó una sección especializada dentro del Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José que atiende los asuntos de Penal de Hacienda, los cuales involucran la atención de los casos de corrupción.
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