Presupuesto aprobado por el Ministerio de Hacienda para atender necesidades institucionales y reformas es de ₡521.023.200.000.
El presupuesto judicial se mantiene austero para el ejercicio económico 2025, esta es una característica sostenida desde hace más de quince años. Así se desprende de la presentación realizada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, ante la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
La composición del presupuesto institucional alcanza la suma máxima de ₡ 521.023.200.000. Gasto corriente de ₡ 490.846.047.436 y gasto de capital de ₡ 30.177.152.564.
El servicio público de administración de justicia lo integran: Judicatura, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública, ámbito administrativo y el Programa de Protección de Víctimas y Testigos, para un total de 13.856 personas servidoras judiciales.
De acuerdo con el artículo 177 de la Constitución Política, corresponde al Poder Judicial un monto no menor al 6%. Artículo 177: “…En el proyecto se le asignará al Poder Judicial una suma no menor del seis por ciento de los ingresos ordinarios calculados para el año económico. Sin embargo, cuando esta suma resultare superior a la requerida para cubrir las necesidades fundamentales presupuestas por ese Poder, el Departamento mencionado incluirá la diferencia como exceso, con un plan de inversión adicional, para que la Asamblea Legislativa determine lo que corresponda…”.
En su intervención el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, destacó que la institución ha implementado planes y acciones para ser más efectivos y disminuir los tiempos de resolución, esto pese al limitado presupuesto con que se cuenta: «Con planificación, procesos de mejora continua y el compromiso y dedicación de las personas funcionarias, procuramos atender los requerimientos que demanda la administración de la justicia y con ello brindar respuesta a la ciudanía. Para nuestra democracia e institucionalidad es fundamental contar un Poder Judicial independente, robusto y al servicio de la gente”.
La limitación presupuestaria ante la situación del país es uno de los aspectos que definen el plan de gasto del Poder Judicial, en los últimos tres quinquenios. Se procura que con los recursos existentes se dé continuidad a los servicios que se brinda a las personas usuarias, maximizando el contenido en cada partida.
Para el Poder Judicial la rendición de cuentas a la población es esencial para que conozcan en que se invierte el presupuesto que anualmente se aprueba por el Plenario Legislativo. La demanda de servicio de justicia de las personas usuarias es reflejo de la confianza y legitimidad en este Poder, cuando no logran resolver su conflicto, sea este entre particulares o con otras instituciones del Estado.
Cada día se produce más. La composición del circulante total del Poder Judicial debe analizarse en dos vías, casos activos con resoluciones en espera de cumplimiento y casos en trámite.
De enero a junio de este año 2024 ya se han terminado 304.724 expedientes. Del circulante total, en 550.703 casos (43,17%) ya se brindó una respuesta a la persona usuaria; a través del dictado de una resolución, la cual está en ejecución o con medidas de protección, en ejecución o en seguimiento, en materias no penales; o corresponde a resoluciones intermedias en materia penal que requiere del cumplimiento de un plazo para su finalización.
Respecto a los 725.005 casos restantes (56,83%), son asuntos que se mantienen en trámite en todas las jurisdicciones en las cuales se brinda servicio de justicia a la ciudadanía.
En esta tabla se observa el comportamiento del circulante en los últimos tres años que refleja una reducción significativa.
Se contó con la participación de la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vásquez y el apoyo técnico de la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins, la Directora de Gestión Humana, Roxana Arrieta Meléndez; el Director y Subdirector de Planificación, Allan Pow Hing Cordero y Erick Mora Leiva, respectivamente y el Director del Despacho de la Presidencia, Roger Mata Brenes.
La exposición del presupuesto del Poder Judicial integró a los jerarcas de los órganos auxiliares de justicia, el director del OIJ, Randall Zúñiga López; el Fiscal General de la República, Carlo Díaz Sánchez y el director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo.
Randall Zúñiga López, Director Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Como institución tenemos un camino difícil, con obstáculos, pero estamos en la mejor disposición de servir y entregarnos por Costa Rica, de la mejor forma que podamos hasta que nuestras fuerzas y nuestra capacidad operativa nos lo permitan.
El punto medular es que se requiere reforzar la capacidad operativa de OIJ, también de la Fiscalía y otros elementos, estamentos dentro del poder judicial. Hemos ido buscando recursos para reforzar las zonas costeras y la periferia del país, donde se registra mayor criminalidad, pero hay una necesidad real de invertir en las sedes policiales regionales, pues cuentan con menor capacidad de personas.
En su momento, la Dirección de Planificación del Poder Judicial determinó en un estudio las necesidades reales del OIJ, que eran superior a las 1000 plazas. Ya a la Asamblea Legislativa nos dio 300 plazas, todavía queda pendiente, solo en investigación 700 plazas. Nosotros de manera objetiva, neutral y sin sesgo, y de manera técnica, a través de ese estudio de Planificación, pues, determinamos que hay esa necesidad de personal, pero también somos conscientes de la crisis fiscal del país. Sin embargo, si no se invierte en dotar de mayores recursos a la policía, pues difícilmente vamos a salir de este de esta problemática en el corto plazo”.
Carlo Díaz Sánchez, Fiscal General de la República.
“El crecimiento de la criminalidad ha alcanzado niveles históricos que observamos todos los días y que afectan a muchos costarricenses. El sicariato, como una forma de defender los territorios para la venta de drogas, lleva constantemente dolor a todo el país, a familias enteras, frente a la mirada de niñas y niños, a cualquier hora del día.
El crimen organizado aumenta, al igual que los delitos en perjuicio de las mujeres y las estafas informáticas, y eso nos obliga a dar una respuesta distinta a la que hemos dado, pero para eso se requieren más recursos.
Con el personal y la carga laboral que tenemos, seguiremos dando la misma respuesta a la criminalidad. El punto crítico en el que estamos nos exige una estrategia distinta que solo puede lograrse con mayor presupuesto. Por eso abogamos de manera justificada a que se nos aumente la cantidad de plazas para profesionales y técnicos para continuar atacando de manera efectiva a la criminalidad”.
Juan Carlos Pérez Murillo, Director Defensa Pública.
“Para la Defensa Pública es importante contar con recursos económicos que permitan garantizar el acceso a la justicia de toda la población, especialmente para aquellas personas que requieren resguardar sus derechos fundamentales y no cuentan con la solvencia económica para pagar los servicios de una persona abogada particular.
Esta institución es un pilar de la democracia y requiere que se fortalezca mediante la asignación de recursos que le permitan continuar dando una respuesta efectiva a las poblaciones más vulnerables, con perspectiva de género, maximizando el uso de recursos públicos y colaborando con la resolución pacífica de los conflictos sociales”.
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