Reformas legales en materia de crimen organizado y lucha contra la corrupción, fueron los temas focales que expusieron las autoridades judiciales, durante la comparecencia en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro y la Vicepresidenta y Presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro, atendieron la convocatoria legislativa, de este jueves 21 de julio 2022, para referirse a los retos y necesidades del Poder Judicial para asegurar la seguridad nacional, las necesidades legales, específicamente en materia penal y procesal penal nacional y el trámite de los casos por delincuencia organizada; con ambos jerarcas asistió el Director del Despacho de la Presidencia, Irving Vargas Rodríguez.
“Considero importante que se pueda concretar un centro o sección que se encargue de diseñar una política criminal, que integre todo lo penal y el crimen organizado en todas sus dimensiones, sería muy importante, porque permite que los estudios se realicen de forma sistemática en esta materia, con el uso de la exploración de datos y un enfoque de la ciencia de la política criminal”, afirmó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro.
El jerarca judicial señaló la importancia de analizar reformas al marco jurídico procesal en temas como el anticipo jurisdiccional de prueba, para que la Fiscalía General tenga mayor potestad y agilidad en emprender este tipo de diligencias, únicamente con una comunicación expresa al juez o jueza.
Además, el fortalecer la etapa intermedia mediante la vinculación de ésta con el debate a juicio y lo que no se plantee en esta etapa no pueda abordarse con posterioridad. Señaló la importancia de analizarse la figura del testigo colaborador dentro del Código Procesal Penal (CPP) y que permita disminuir su pena sin que quede absuelto.
En materia de crimen organizado, el magistrado Fernando Cruz, puntualizó la importancia de establecer plazos a las diligencias judiciales de apertura telefónica, intervención de las comunicaciones y el secreto bancario, para darle agilidad a la gestión de la fiscalía y la investigación.
Además señaló la necesidad de fortalecer el Centro de Intervenciones Judiciales en materia de infraestructura, el ámbito técnico y de recursos humanos, por ser una herramienta vital para la persecución de los delitos de crimen organizado.
La Presidenta de la Sala de Casación Penal, magistrada Patricia Solano Castro puntualizó en los proyectos de mayor interés para mejorar la acción penal judicial como el expediente 22 838, que corresponde a una reforma al Código Procesal Penal para darle prioridad a las diligencias judiciales donde se tienen víctimas protegidas, así como en allanamientos y el anticipo jurisdiccional de la prueba con plazos para el dictado de estas resoluciones.
El proyecto de ley número 22 838, para la incorporación de las intervenciones telefónicas en los procesos disciplinarios administrativos en el tema de la probidad y la ética en la función pública. El proyecto 22 834, que es una reforma a la Ley Sobre Crimen Organizado y fortalecer la jurisdicción contenciosa administrativa para la recuperación de activos que se tramitan por esta vía, mediante medidas anticipadas en aquellos bienes vinculados a actividades delictivas.
Solano Castro también destacó la propuesta de ley 22 529 propuestas por el Tribunal Supremo de Elecciones y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), relacionada con el financiamiento de partidos políticos y el proyecto 22 837 que busca reformar la Ley sobre Estupefacientes, sustancias psicotrópicas, uso de drogas no autorizadas y actividades conexas.
“El Poder Judicial sí investiga, persigue y juzga casos de crimen organizado y la institución se ha estado preparando por años, para la persecución de este tipo de delincuencia”, puntualizó la Vicepresidenta de la Corte, Patricia Solano Castro.
La jerarca judicial aclaró en la comisión el presupuesto que requería la ley que crea la Jurisdicción Especializada en Crimen Organizado aprobada en el 2017 para la protección de víctimas y testigos el cual fue reducido considerablemente y hacer posible la implementación de esa jurisdicción este año 2022.
Acompañaron a ambos jerarcas judiciales en la intervención ante diputados y diputadas de la comisión, la Directora de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez y la Oficial de Cumplimiento del Poder Judicial, Kenia Alvarado Villalobos.
La Oficial de Cumplimiento, Alvarado Villalobos, se refirió a las acciones impulsadas en el Poder Judicial tras la aprobación por Corte Plena de un reglamento para la adecuada gestión de los conflictos de interés de todo el personal judicial de todos los órganos y puestos. Explicó las funciones que esta oficina tiene en la prevención de los conflictos de interés, la gestión de éstos para evitar la corrupción, “hacemos una labor especializada dentro del Poder Judicial, en todas áreas sin distingo de puestos, aplica para todo el personal”, puntualizó. Agregó que esta es una materia preventiva que permite al funcionario utilizarlo para su correcto actuar y garantizar su imparcialidad.
Por su parte la Directora de Planificación, Valverde Bermúdez, realizó una serie de aclaraciones en relación con la cantidad de casos entrados, en ejecución y seguimiento que componen el circulante judicial, explicó en detalle cuando se da por terminado un proceso judicial pues no siempre es con el dictado de una sentencia, sino que con ésta el caso inicia y se computa como procesos en ejecución o seguimiento por ejemplo las medidas de protección en materia de violencia doméstica que tienen un plazo de un año, los procesos cobratorios cuando inicia el pago, las medidas alternas al juicio en materia penal que pueden tardar en seguimiento de 2 a 5 años según el plazo acordado por las partes involucradas en el proceso. Aclaró aspectos de restricción presupuestaria aplicados en el Poder Judicial desde el 2018 al año 2021, acentuada por la pandemia.
A la sesión, también asistieron el asesor de Presidencia Jorge D. Morales Ramírez y el ingeniero industrial de la Dirección de Planificación Jorge F. Rodríguez Salazar.
Durante la sesión de la comisión legislativa, Irvin Vargas Rodríguez, Director del Despacho de la Presidencia; Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte y Patricia Solano Castro, Vicepresidenta de la Corte.
La comisión se llevó a cabo el 21 de julio de 2022.
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