En sesión solemne de Corte Plena, las autoridades del Poder Judicial rindieron el informe de labores, en el marco de la Inauguración del Año Judicial 2023. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez detalló las acciones de mayor impacto dentro del quehacer de la administración de justicia.
El magistrado Aguirre Gómez señaló la importancia del Poder Judicial en atender el problema de inseguridad que vive el país.
“No queremos que la inseguridad secuestre nuestro presente y amenace la estabilidad y las expectativas de desarrollo y bienestar de nuestras familias, de nuestra sociedad. Las presidencias de los tres Supremos Poderes de la República desde nuestras profundas convicciones democráticas, desde nuestros cargos de liderazgo y como costarricenses, decidimos reunirnos y tomar las medidas para ajustar la respuesta del país a las nuevas dimensiones que presente este fenómeno de la criminalidad”, puntualizó el jerarca judicial.
El Presidente de la Corte recalcó como iniciativas estratégicas, las propuestas legales en temas como la regulación de procedimientos para investigar y juzgar procesos por delincuencia organizada, un trato prioritario a víctimas y testigos de delitos, un mayor control de antecedentes de personas condenadas, y la posibilidad de realizar intervenciones a comunicaciones orales y escritas en casos de femicidio y soborno transnacional.
El acto se celebró este viernes 24 de marzo 2023, con la participación de representantes de los Supremos Poderes, Orlando Aguirre Gómez, Presidente de la Corte; Rodrigo Arias Sánchez, Presidente de la Asamblea Legislativa y Eugenia Zamora Chavarría, Presidenta del TSE; así como magistrados y magistradas que integran Corte Plena, autoridades judiciales administrativas, jurisdiccional y auxiliares de justicia, diputados, diputadas, cuerpo diplomático y jerarcas de entidades públicas.
En la sesión solemne, la Corte Plena hizo entrega de los galardones a las y los funcionarios judiciales que con su trabajo engrandecen la labor de administración de justicia. El anuncio estuvo a cargo de la magistrada de la Sala Segunda y coordinadora del Tribunal de Reconocimiento del Poder Judicial, Julia Varela Araya.
El premio “Fernando Coto Albán”, se le otorgó a Ruth Alpizar, jueza del Tribunal Agrario; el galardón “Ulises Odio Santos”, lo recibió Ligia Jiménez Zamora, Defensora Pública en materia de personas indígenas; el reconocimiento “Luis Paulino Mora Mora” se designó a Carlos Romero Rivero q.d.D.g; el premio “Miguel Blanco Quirós”, se le otorgó a José Rubén Dimas, jefe de Artes Gráficas y “Justicia con rostro de mujer” se le entregó a María de las Nieves Rueda Rincón, ex funcionaria judicial.
Mayor eficiencia
Propiciar cambios en la gestión judicial para garantizar la eficiencia en la toma de decisiones y la administración de justicia se constituye en un eje de trabajo vital.
“Debemos impulsar las reformas legislativas y adoptar en conjunto las acciones que tiendan a la eficiencia. Es decisivo para la democracia de nuestro país mejorar sus estructuras, su funcionamiento y para el Poder Judicial es imperativo cumplir el mandato constitucional de un “buen servicio” del artículo 157 de la Constitución Política. Adicionalmente, la creación de una Auditoría Continua como una forma de vigilancia periódica de los despachos judiciales, que se organice tomando en cuenta indicadores necesarios para su evaluación”, manifestó el Presidente de la Corte, Orlando Aguirre.
Con este proyecto se procura establecer planes remediales de mejora y de seguimiento del trabajo de los despachos judiciales e impactar el rezago judicial existente.
Las estadísticas judiciales reflejan que la cantidad de expedientes pendientes de resolver a finalizar el año 2022 fue de 745.155, lo que muestra una reducción absoluta de 75.712 expedientes en relación con el periodo anterior, lo que representa una disminución de más del 9%.
“Este porcentaje refleja el esfuerzo conjunto del personal judicial por hacer justicia y mejorar los procesos de planificación de la institución. Es un resultado del cumplimiento de las metas del plan estratégico institucional del Poder Judicial, que están asociadas a la reducción del rezago judicial”, señaló Aguirre Gómez.
En materia salarial y en cumplimiento de la nueva Ley de Empleo Público, el Poder Judicial tomó el acuerdo de que todo su personal se mantenga bajo la rectoría de la Corte Suprema de Justicia y su labor se centra en hacer los esfuerzos necesarios por conservar el talento humano, propiciar su compromiso con la misión institucional y asegurar la excelencia en la prestación de los servicios judiciales.
“Hemos defendido el valor y la competitividad del salario como eje irrenunciable para la independencia y el adecuado ejercicio de las competencias de la institución. Nos encontramos en los momentos iniciales de la implementación de esta política pública. Ahora mismo, estamos abocados al análisis de la escala de salario global transitorio en la que buscaremos que se garantice el valor justo del salario, se establezcan condiciones que promuevan la movilidad dentro de la institución y se asegure el cumplimiento de la promesa de competitividad que impone la ley”, detalló el Presidente de la Corte.
Justicia cercana
La puesta en marcha de la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada en el 2022 fue una realidad con la aprobación en la Asamblea Legislativa de una partida que permitió la creación de 400 plazas y una inversión en equipamiento tecnológico.
El uso de los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos ha permitido desde el Centro de Conciliación el término de 9.508 casos en las diversas materias jurisdiccionales, penal, penal juvenil, contravencional, pensiones alimentarias, tránsito, familia, notarial, laboral, agrario y civil.
Además, se destacó la aplicación del Modelo de Justicia Penal Restaurativa que contabiliza un cumplimiento del 95% de los procesos judiciales, donde la víctima del delito recibe una respuesta efectiva en un mes en promedio y presenta un nivel de satisfacción del 98% de las personas usuarias.
Infraestructura y tecnología
Para el año 2022, los esfuerzos institucionales se enfocaron en la inversión tecnológica para reforzar el funcionamiento de la plataforma digital, que garantizan la continuidad de los servicios tecnológicos del Poder Judicial.
Dentro de estos proyectos destaca el plan piloto de Implantación del Tipificador de Escritos, que se inició en el 2021 en el Juzgado Especializado de Cobro Judicial de Pérez Zeledón. A noviembre de 2022, registró un 96% de efectividad, resultados que permitieron al Consejo Superior aprobar su expansión a todos los Juzgados de Cobro Judicial del país.
“Hago mención de la herramienta tecnológica del Observatorio Judicial que, en el año 2022, logró dar estabilidad y afianzar la calidad de los datos estadísticos sobre las cargas de trabajo de los despachos y del Ministerio Público e información sobre el funcionamiento y servicios diversos de todos los ámbitos del Poder Judicial. De manera que refleja la información judicial al alcance de toda la ciudadanía, de manera directa y sencilla a través de gráficos y tablas. Ello responde a los principios de Justicia abierta: de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana”, destacó Aguirre Gómez.
En materia de infraestructura judicial, el año pasado se finalizó el edificio adaptado a las necesidades del Juzgado Civil, el Juzgado de Trabajo, el Juzgado de Cobro y la Defensa Pública Laboral de San Carlos; así como el nuevo edificio “Torre Judicial” brinda a las personas usuarias los servicios judiciales en materia laboral, civil, concursal, defensa pública laboral y de justicia restaurativa.
También se realizó la ampliación y remodelación del espacio físico de la Morgue Judicial con una inversión aproximada de 2.900 millones de colones y la cooperación de donaciones por parte del ICD y las Embajadas de los Estados Unidos y de Alemania en Costa Rica.
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