El Poder Judicial, convencido de la necesidad de aprobar una ley de ejecución de la pena, ha
trabajado en conjunto con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en el proyecto de Ley de Ejecución de la Pena y Medidas de Seguridad Curativas, expediente N.°24019.
Lamentamos la decisión del Poder Ejecutivo de desconvocar dicho proyecto de la corriente legislativa, medida que detiene el avance de una iniciativa crucial para garantizar el cumplimiento de las sentencias penales, pese a que el texto ha sido dictaminado de forma unánime en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico desde el pasado 24 de octubre pasado.
El texto propone un marco legal que sustituye la actual dependencia de circulares e interpretaciones, asegurando decisiones claras y confiables tanto judiciales como administrativas. Además, establece plazos para resoluciones judiciales, regula funciones de autoridades penitenciarias y define deberes para las personas privadas de libertad, respondiendo a las demandas actuales de nuestra sociedad.
La Sala Constitucional ya ha señalado la necesidad de una ley que ordene la política penitenciaria, actualmente sujeta a cambios según los gobiernos de turno.
El Poder Judicial, reafirmando su compromiso con una justicia firme y transparente, hace un llamado a tratar este tema con altura y responsabilidad, rechazando los ataques, el populismo punitivo y las narrativas que buscan dividir. La construcción de acuerdos en beneficio del país debe prevalecer.
Exhortamos a que se retome el análisis del proyecto con la seriedad que merece, pues está en juego la posibilidad de garantizar un sistema penitenciario que responda a los desafíos actuales y futuros de nuestra sociedad.
29 de noviembre de 2024
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