Si observamos el pasado, la estrategia que llevó al PAC al poder se basó en una campaña política liderada por Coalición Costa Rica, donde se hay una disonancia entre la practica y el discurso que difundieron, cuyo enfoque principal fue un cambio en la gobernanza. Sin embargo, lo que hemos presenciado en este gobierno ha sido un acuerdo explícito con agendas globalistas, principalmente vinculadas al socialismo progresista.
De forma similar a lo que ocurrió en el gobierno de Miguel Angel Rodriguez, se impulsó el ROP, a pesar de que la Constitución Política establece que los seguros obligatorios deben ser administrados por la CCSS. Estos fondos fueron destinados al sistema financiero privado, a pesar de los graves problemas de liquidez evidenciados en casos como el cierre del Banco Crédito Agrícola de Cartago, el Banco Anglo y otros, derivados de préstamos irrecuperables, semejantes al caso Yamber. Este patrón continúa con el caso de Coopeservidores.
Tanto en el gobierno de Laura Chinchilla del PLN como en los gobiernos del PAC, hemos observado la ausencia e incapacidad de las autoridades judiciales para llevar a cabo acciones contra funcionarios involucrados en escándalos como el de la trocha fronteriza o el caso UPAD. Entonces, ¿realmente estos partidos provienen de diferentes orígenes políticos?
Con la llegada del presidente actual, Rodrigo Chaves, quien fue Ministro de Hacienda en el PAC y tuvo un pasado en el sistema bancario internacional, el cual ha sido cuestionado por estar vinculado a estructuras de sicariato económico, nos surge la pregunta: ¿realmente seguimos viviendo en una democracia?
Además, el actual presidente no ha expuesto el contrato comercial entre el gobierno de Costa Rica y las farmacéuticas, lo que genera dudas sobre si los costarricenses han sido inducidos al error. La motivación detrás de esto podría ser económica, dado que no se respetaron acuerdos internacionales como el Código de Nuremberg ni el principio de consentimiento informado. ¿Puede un acuerdo comercial tener más poder que los acuerdos internacionales?
Para agravar la situación, la misma CIDH ha recibido fondos de ONGs de otros continentes para promover el matrimonio igualitario, a pesar de que esto contraviene la cultura costarricense y vulnera acuerdos sobre la autodeterminación de los pueblos.
Lo más evidente en Costa Rica es que el debate público ha sido censurado, y muchos casos de corrupción no podrían sostenerse sin esta censura. Los cambios políticos se han generado mediante el poder del dinero, un ejemplo claro de esto es la libertad de prensa.
Para ilustrar cómo se amenaza la libertad de prensa, tomemos el siguiente ejemplo: Si el Colegio de Abogados considerara incluir a otros profesionales como contadores, topógrafos o policías, ¿desvirtuaría la razón de ser del Colegio y sus competencias en el ámbito legal? Este fenómeno también ocurre en el Colegio de Periodistas. La libertad de expresión, que es la base del periodismo, se ve amenazada cuando dicho colegio abre sus puertas a otros profesionales, como diseñadores gráficos y web, que provienen de agencias de publicidad. Estas agencias controlan el 90% de la pauta estatal y tienen un poder considerable sobre los recursos económicos que llegan a los medios.
El problema es que las agencias de publicidad no solo controlan a qué medios se les da fuerza y cuáles se desmantelan, sino que, al incluir a otros profesionales en el COLPER, los intereses económicos de las agencias y sus clientes pueden determinar el acceso a la información pública, lo cual socava la objetividad del periodismo.
Dado que los mismos empresarios financian tanto los medios de comunicación como los partidos políticos, los costarricenses no tenemos capacidad real de transformar o proteger nuestra democracia. Es el poder del dinero el que controla la opinión pública, financia campañas políticas y coloca diputados de izquierda y derecha.
A este financiamiento se suman fuentes cuestionables como el lavado de dinero, el narcotráfico y las ONGs aliadas a grupos ideológicos socialistas, lo que genera una lucha por el poder mediante el dinero, dificultando la distinción entre opositores y aliados.
Las estrategias que observamos hoy son las mismas: la criminalización de la denuncia, presentando a quienes exponen la corrupción como enemigos del candidato señalado, y la manipulación de la ciudadanía, simulando que existe una mayoría, cuando en realidad son trolls pagos, como se ha evidenciado incluso con nombres escritos en idiomas extranjeros.
Los costarricenses necesitamos desarrollar una mentalidad más crítica y analizar todas las opciones en la oferta política. No debemos dejarnos llevar solo por quienes invierten millones de colones provenientes de fuentes oscuras o paralelas, o cuyos integrantes están siendo investigados por su vinculación con el narcotráfico.
Si estos actores políticos pertenecieran a diferentes partidos, la justicia habría sido rápida y efectiva. Pero, en mi opinión, parecen ser jugadores del mismo equipo con diferentes camisetas, o lo que en política se denomina: disidencias controladas.
La posverdad y la desinformación en redes sociales están siendo utilizadas por la clase política para manipular la opinión pública. A través de la creación de supuestos opositores y generadores de contenido, así como el financiamiento de granjas de troles y equipos propagandísticos, se busca beneficiar al gobierno de turno. Un ejemplo de esta estrategia fue Coalición Costa Rica.
Opinión de Gerardo Ledezma.
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