Un grupo de ciudadanos costarricenses presentó ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) una ampliación y solicitud de medidas cautelares de la denuncia interpuesta el pasado 30 de enero contra el presidente Rodrigo Chaves Robles y varios miembros de su gabinete, acusándolos de incurrir en beligerancia política y violar la neutralidad electoral establecida en la Constitución Política y el Código Electoral.
Entre los firmantes se encuentra Rocío Ramirez, Oscar Bulgarelli, Rodrigo Campos, Erick Sojo, Oscar Castillo y Marco Castillo. Representados por la Abogada, Licda. Sonia Sandí.
Oscar Bulgarelli | Denunciante
Según los denunciantes, desde la fecha de la denuncia original se han sumado nuevos hechos que refuerzan la parcialidad política del presidente en favor de movimientos afines a su gestión. Entre las principales acusaciones destacan:
- Uso reiterado del símbolo del jaguar en eventos oficiales, en pines, videos y discursos, lo que lo vincula con el partido MOTIVA y el Partido Pueblo Soberano, este último encabezado por personas cercanas al entorno presidencial.
- Llamados indirectos a votar por un bloque de diputados afines a sus intereses políticos, promoviendo la necesidad de obtener 40 o más escaños en la Asamblea Legislativa para impulsar cambios estructurales en el país.
- Ataques contra figuras de la oposición y la institucionalidad, incluyendo críticas constantes a diputados, magistrados y altos funcionarios como el presidente del Congreso, el fiscal general y la contralora de la República.
- Mensajes de corte electoral en eventos públicos y cadenas nacionales, donde el mandatario ha hecho referencia a una «nueva república» y ha empleado consignas que, según los denunciantes, buscan influir en la decisión del electorado de cara a los comicios de 2026.
Licda. Sonia Sandí | Abogada.
Los denunciantes aportaron videos, publicaciones en redes sociales y transcripciones de discursos como pruebas de que el presidente ha utilizado su investidura y recursos públicos para posicionar su movimiento político. También destacan el respaldo de figuras del gobierno al partido Pueblo Soberano, identificado como la posible plataforma electoral de continuidad del oficialismo.
Ante esta situación, han solicitado al TSE que Aplique medidas cautelares para evitar el uso de recursos estatales con fines proselitistas.
El TSE analizará la denuncia
El Tribunal Supremo de Elecciones deberá analizar la denuncia y determinar si se abre una investigación contra el mandatario y su equipo. En caso de confirmarse la beligerancia política, podrían aplicarse sanciones administrativas e incluso restricciones en la participación de futuros procesos electorales.