Un nuevo proyecto de ley presentado en Costa Rica busca establecer la denominada Tercera República, con un enfoque principal en el combate frontal contra la corrupción y la reestructuración del Estado mediante profundas reformas constitucionales.
La iniciativa contempla cambios significativos en varios artículos de la Constitución Política de 1949, argumentando que el país requiere una transformación estructural para enfrentar los desafíos actuales. Según el proponente, el proyecto ya fue registrado ante una organización internacional con el fin de proteger la autoría del mismo.
Entre los principales puntos del proyecto destaca la creación de nuevos delitos catalogados como de «lesa patria», «lesa municipalidad», «lesa salud», «lesa ciberataques», «lesa ambiental» y «lesa familia». Estos delitos no tendrían prescripción ni caducidad, y podrían ser perseguidos de forma retroactiva.
En cuanto a la elección de autoridades, se propone que magistrados, fiscales, contralores y presidentes de instituciones autónomas sean elegidos mediante sufragio universal cada ocho años. Asimismo, se plantea la creación de tribunales del pueblo para empoderar a la ciudadanía en la toma de decisiones judiciales.
El proyecto establece penas de hasta 50 años de cárcel para funcionarios públicos que incurran en actos de corrupción. También propone que los ciudadanos puedan revocar nombramientos de autoridades mediante referéndum en caso de detectarse irregularidades.
En materia social, se propone destinar el 8% del PIB a la educación, y se incluyen medidas para proteger la salud, como la prohibición de la mutilación de órganos reproductores en menores. A nivel ambiental, se tipifican delitos con penas no menores a 25 años de prisión para quienes atenten contra el medio ambiente.
La participación ciudadana también es central en la propuesta. Se plantea la creación de una Oficina de Iniciativa Popular dentro de la Asamblea Legislativa, desde donde los ciudadanos puedan presentar proyectos de ley y convocar referendos para aprobar o derogar leyes.
Finalmente, el proyecto propone una reforma integral a las leyes de instituciones autónomas con el objetivo de garantizar su independencia y eliminar su politización.
El impulsor, esta iniciativa busca devolver el poder al pueblo y erradicar la impunidad en el ejercicio de la función pública.
Proponente: Víctor Hugo Carmona Araya.
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