En la Asamblea Legislativa de Costa Rica, se discute el proyecto de ley «Cierre del Ministerio de Gobernación y Policía y Reordenamiento de sus Competencias Desconcentradas» (Expediente N.° 24.719). La iniciativa plantea la supresión de esta cartera ministerial y la redistribución de sus funciones a otras instituciones estatales.
Antecedentes y motivos
El Ministerio de Gobernación y Policía ha desempeñado funciones relacionadas con la soberanía nacional, el orden público y la seguridad desde su creación en 1844. Sin embargo, a partir de los años 70, con la creación del Ministerio de Seguridad Pública, comenzó a perder competencias clave, incluidas aquellas relacionadas con la policía nacional. Según el proyecto, esta duplicidad de responsabilidades ha generado ineficiencias y una falta de claridad en las funciones asignadas al ministerio.
Un informe de la Contraloría General de la República señala la ausencia de un modelo de coordinación claro entre los actores responsables de la seguridad fronteriza, situación atribuida a la estructura actual de la cartera. Además, el documento indica que la mayor parte del presupuesto del Ministerio de Gobernación y Policía es utilizado por sus órganos desconcentrados, como la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) y la Imprenta Nacional.
Propuesta de reorganización
El proyecto de ley propone las siguientes medidas:
- Reasignación de competencias:
- La DGME y el Tribunal Administrativo Migratorio se trasladarían al Ministerio de Seguridad Pública.
- DINADECO sería incorporada al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).
- La Imprenta Nacional pasaría al Ministerio de la Presidencia.
- La Oficina Nacional de Control de Propaganda se integraría al Ministerio de Justicia y Paz.
- Reestructuración institucional:
Se propone convertir algunos de los órganos desconcentrados en entidades con autonomía funcional, como la DGME y el Tribunal Administrativo Migratorio.
Implicaciones presupuestarias y administrativas
Según los datos presentados en el proyecto, para 2023, el Ministerio ejecutó el 92.63 % de su presupuesto, de los cuales más del 80 % se destinó a los órganos desconcentrados. La iniciativa argumenta que la redistribución de estas competencias permitirá un uso más eficiente de los recursos y una ejecución más clara de las tareas asignadas.
Próximos pasos
El proyecto se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa, donde los diputados analizarán las implicaciones de esta propuesta. De ser aprobado, representaría un cambio significativo en la estructura institucional del Poder Ejecutivo y en la administración de políticas relacionadas con la seguridad y el desarrollo comunitario en Costa Rica.
Analisis general del Documento
El documento revisado contiene información sobre un proyecto de ley que propone el cierre del Ministerio de Gobernación y Policía de Costa Rica y la redistribución de sus competencias a otras instituciones. Algunas amenazas a la seguridad pública que se pueden identificar incluyen:
Déficit de coordinación estratégica: Según el documento, existe una falta de instancias articuladas para coordinar acciones estratégicas entre los actores responsables de la seguridad fronteriza. Esta carencia podría derivar en vulnerabilidades en la gestión de la seguridad nacional.
Ausencia de liderazgo definido: Se menciona que no se ha designado un líder para coordinar esfuerzos colaborativos ni se han establecido políticas para compartir recursos. Esto puede limitar la capacidad del Estado para responder de manera efectiva a amenazas de seguridad.
Dificultades en la gestión migratoria: La Dirección General de Migración y Extranjería enfrenta retos significativos relacionados con la gestión de flujos migratorios y refugio, lo cual es crucial para la seguridad fronteriza y el orden público.
Desorganización administrativa: La estructura actual del ministerio ha sido descrita como un «cascarón», donde las funciones sustantivas son mínimas y dependen mayormente de apoyo administrativo. Esto puede generar ineficiencias en la implementación de políticas de seguridad pública.
Riesgo de duplicidad institucional: La coexistencia de competencias entre el Ministerio de Gobernación y Policía y el Ministerio de Seguridad Pública ha creado redundancias y ambigüedades que podrían comprometer la eficacia operativa en materia de seguridad.
Impacto en la gestión de propaganda: El traslado de la Oficina Nacional de Control de Propaganda podría generar incertidumbre sobre la regulación de contenidos publicitarios que promuevan violencia o discriminen, lo que afecta indirectamente la cohesión social y la prevención de conflictos.
¿Existen riesgos para la democracia en dicho documento?
El documento plantea varias medidas de reestructuración gubernamental que podrían tener implicaciones para la democracia costarricense, aunque no son explícitamente señaladas como tales. A continuación, se destacan áreas que podrían presentar riesgos potenciales:
- Concentración de competencias en otros ministerios:
- El traslado de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y el Tribunal Administrativo Migratorio al Ministerio de Seguridad Pública podría generar tensiones entre la independencia de los órganos desconcentrados y el control centralizado. Esto podría afectar la imparcialidad y transparencia en temas sensibles como la migración y el refugio.
- Autonomía limitada de los órganos desconcentrados:
- Aunque se menciona que algunos órganos, como la DGME y el Tribunal Administrativo Migratorio, serán de «desconcentración máxima», la práctica administrativa podría limitar su independencia, especialmente si el marco regulatorio no garantiza completamente su autonomía en la toma de decisiones.
- Posibles conflictos de intereses:
- Al integrar funciones como las de la Imprenta Nacional al Ministerio de la Presidencia, podría percibirse un riesgo de instrumentalización de este órgano, que juega un papel crucial en la transparencia y legalidad al publicar actos gubernamentales y leyes.
- Reducción de contrapesos institucionales:
- La supresión del Ministerio de Gobernación y Policía elimina una instancia ministerial que tradicionalmente ha servido como contrapeso en temas de seguridad, gobernabilidad y supervisión de órganos desconcentrados. Esto podría concentrar excesivamente el poder en ministerios más grandes, como el de Seguridad Pública, generando un desequilibrio institucional.
- Implicaciones en la gestión de la seguridad pública:
- La falta de claridad en la coordinación entre los órganos responsables de seguridad, mencionada en el documento, podría empeorar con la reestructuración, afectando la capacidad del Estado para garantizar el orden público y la protección de los derechos ciudadanos.
- Impacto en los derechos humanos:
- La integración de competencias relacionadas con migración y refugio al Ministerio de Seguridad Pública podría priorizar enfoques de control y seguridad por encima de los derechos humanos, un riesgo señalado por organismos internacionales en contextos similares.
Aunque estas áreas no constituyen riesgos inmediatos, su impacto dependerá de cómo se implemente el reordenamiento institucional y de la existencia de salvaguardas claras para preservar la independencia de los órganos y la transparencia en sus funciones.
