Miles de ciudadanos húngaros se han volcado a las calles en las últimas semanas para protestar contra una serie de reformas impulsadas por el gobierno del primer ministro Viktor Orbán. Las manifestaciones, especialmente intensas en la capital Budapest, han reunido a decenas de miles de personas que denuncian retrocesos en derechos fundamentales y una creciente concentración de poder.
Uno de los principales detonantes ha sido la reciente enmienda constitucional que limita significativamente los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Entre las nuevas disposiciones, se prohíbe legalmente cualquier expresión pública relacionada con la diversidad sexual, se reconocen únicamente los géneros masculino y femenino, y se restringe el reconocimiento legal del cambio de género y el acceso a tratamientos para personas transgénero. Esta normativa ha generado críticas tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo el respaldo público de 22 embajadas europeas a las manifestaciones en defensa de los derechos LGTBIQ+.
Además, las reformas otorgan al Ejecutivo la posibilidad de extender indefinidamente el estado de emergencia sin control parlamentario. También se estableció que el Parlamento puede suspender la ciudadanía húngara a personas con doble nacionalidad, salvo que tengan pasaporte de otro país miembro de la Unión Europea. El gobierno justifica estas medidas en nombre de la protección del “orden natural” y de la “identidad cultural cristiana nacional”.
En este contexto, el líder opositor Péter Magyar y su partido TISZA han encabezado varias protestas denunciando corrupción, autoritarismo y vínculos del gobierno con el Kremlin. Magyar ha enfatizado que Hungría, tras la caída del Telón de Acero, eligió integrarse a la OTAN y la Unión Europea, por lo que considera inaceptable el alineamiento del actual gobierno con intereses prorrusos.
Las manifestaciones reflejan un creciente malestar ciudadano y una fuerte polarización política en el país. Mientras tanto, organismos internacionales y gobiernos europeos siguen con atención el impacto de estas políticas en el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho dentro de una nación miembro de la Unión Europea.
