Un proyecto que será presentado en las próximas semanas buscar tener el apoyo de los costarricenses para llevar a los corruptos a una sentencia de carácter público y con la participación del pueblo.
La iniciativa desde su creación, ha buscado que la misma no pueda interferir en el ejercicio de los deberes y obligaciones de los Poderes de la República, ni que esta se preste como una plataforma para propiciar un golpe de estado.
La ley pretende pasar de una democracia representativa a una democracia participativa, posicionando al pueblo como “Primer Poder de la República de Costa Rica”, en el cual, sera garantizar que la penetración de la corrupción y el narcotráfico en los poderes del estado sirvan para una transformación institucional que atente contra las garantías sociales de los costarricenses.
Y es que, los grupos de poder han logrado transformaciones de ley desde la Asamblea Legislativa, donde ex-diputados han creado leyes que atentan contra la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de protesta, el derecho de acceso a la justicia pronta y cumplida.
Los abusos desde el gobierno PAC demostraron que mediante una granja de trolls y un decreto de emergencia, se puede controlar a todo el país, sin siquiera el pueblo poder cuestionar las acciones de la administración pública.
Aunque el gobierno cambió, son muchos actores políticos del PAC que están al rededor del presidente Rodrigo Chaves, y que no solo podrían significar una amenaza de seguridad nacional, sino la misma seguridad del señor presidente.
Por eso, la iniciativa pretende el apoyo social para crear un tribunal conformado por el pueblo, organizado por el TSE, donde sea el pueblo costarricense quien pueda sentenciar a un funcionario público de los poderes de la república por delitos de lesa patria, de lesa humanidad o por traición a la patria.
Los cuestionamientos de jueces, presidentes, diputados, comisiones especiales… y otros, deben poder llevarse a un juicio, que con el sistema judicial actual, no hay garantía de que los contrapesos estén funcionando, y el sistema democrático costarricense puede estar tomado en este momento por la corrupción y el narcotráfico.
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