Un polémico proyecto de ley, actualmente promovido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ha vuelto a encender la discusión en torno a las regulaciones que afectan al gremio motociclista. Este proyecto, originado durante el mandato del ex ministro de Seguridad Michael Soto y respaldado por el ex diputado de Alajuela del Partido Liberación Nacional (PLN) Lic. Roberto Thompson, quien es abogado de profesión, generando inquietudes sobre la posible amenaza a la seguridad y la vida de ciudadanos inocentes.
Por esta razón, la mañana de este martes, Eduardo Murillo del Comité Cívico Nacional de Motociclistas lanza un llamado al gremio motociclista a mantenerse alerta.
La propuesta en cuestión propone la obligatoriedad de colocar el número de placa en los chalecos y cascos de los motociclistas, una medida que ha desencadenado críticas y cuestionamientos. Se argumenta que esta regulación no solo implica un gasto significativo para la implementación de nuevas normativas, sino que también parece favorecer intereses comerciales, impactando negativamente a un gremio ya golpeado por decisiones políticas anteriores.
Entre los aspectos más controvertidos del proyecto se encuentra la obligación de contar con un casco por cada placa, especialmente en sectores como la mensajería y los servicios de entrega. Además, se plantea la interrogante sobre la efectividad de la medida para captar los números de identificación de las motocicletas a través de cámaras de seguridad, dada la persistente dificultad para detener el clonado de vehículos.
Se ha señalado que esta iniciativa podría tener consecuencias no deseadas, como exponer a los motociclistas al riesgo de ser víctimas de la mafia organizada, quienes podrían utilizar sus vehículos en actividades delictivas. La posibilidad de que esta regulación se convierta en un instrumento para el secuestro de motociclistas ha levantado serias preocupaciones sobre la seguridad de quienes forman parte de este gremio.
A pesar de que este tipo de legislación ya ha sido derogado en otros países por considerarse ineficaz, surge la pregunta sobre por qué se retoma en la mesa de propuestas bajo la premisa de fortalecer la seguridad. En este sentido, se destaca la necesidad de coherencia por parte de las autoridades, sugiriendo que, si el objetivo real es preservar vidas, se deben implementar medidas equitativas para todos los vehículos, incluidos los de lujo.
En otras palabras, aplicar el numero de placa en la pintura de todos los vehículos podría permitir a las autoridades ser alertados por otros conductores de la circulación de un vehículo con numero de placa en su pintura que ha sido tapado, pues los vehículos se utilizan también con estos fines.
Es crucial reconocer que la lucha contra el crimen organizado requiere estrategias integrales y adaptables. Se argumenta que centrarse únicamente en medidas superficiales podría representar un cambio de método por parte de los delincuentes, poniendo en peligro la vida de ciudadanos inocentes. La reiteración de propuestas como esta subraya la necesidad de un enfoque más amplio y efectivo para garantizar la seguridad ciudadana, además de dejar fuera los conflictos de intereses que el comercio pueda ejercer para impulsar una ley.
