- La propuesta pretende evitar trámites engorrosos y permitir el uso de las tecnologías para facilitar los procesos y reducir los tiempos de respuesta.
- Actualmente la iniciativa, que cuenta con el apoyo de organizaciones de consumidores, se encuentra en trámite para ser conocida por el Plenario Legislativo para su eventual votación en segundo debate.
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), impulsa la iniciativa de ley llamada: “Ley de Acceso a la Justicia para las Personas Consumidoras», que se encuentra en trámite legislativo bajo el expediente N° 22.901. Dicha iniciativa cuenta con el apoyo de organizaciones de defensa de los consumidores.
Este proyecto de ley busca reformar parcialmente la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N° 7472, con el fin de realizarle mejoras que hagan más eficiente el procedimiento de atención de denuncias y su ejecución a favor de los consumidores.
Luego de casi tres décadas desde la aprobación de la Ley, es necesaria una actualización de la norma jurídica, para fortalecer la defensa efectiva de los derechos de los consumidores y dotarla de un mayor músculo; tema que incluso ha sido abordado por el Comité de Políticas de Consumidor de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el cual ha señalado la necesidad de ajustar la política pública a las mejores prácticas internacionales vigentes.
En ese sentido, el Proyecto de Ley N° 22.901 aborda cinco ejes fundamentales:
1. Ejecutoriedad de las sanciones: el proyecto dota de fuerza ejecutiva las órdenes de la Comisión Nacional de Consumidor (CNC), para contar con una vía de ejecución más expedita para hacer efectivo su derecho y no tenga que recurrir a otro proceso penal en sede judicial.
Tal fue el caso de un consumidor que en enero del 2017 interpuso una denuncia por el incumplimiento del servicio de una empresa de instalación de ventanas corredizas en el Barrio El Carmen de Guadalupe. En este caso, la CNC realizó el debido proceso, ordenándose en el mismo año 2017, la devolución al consumidor de lo pagado; con lo que se inició el trámite de ejecución en sede administrativa, para lo cual se requiere la notificación personal al responsable, requisito que es engorroso y de difícil cumplimiento.
Al día de hoy, este caso no ha podido ser concluido; la administración realiza las diligencias necesarias para la notificación al sancionado, y poder remitir al Ministerio Público para que se tramite una causa por el Delito de Desobediencia contra el obligado al pago.
Situación similar también fue vivida por un consumidor vecino de la Unión de Cartago, quien en marzo del 2016, denunció el incumplimiento por la confección e instalación de puertas corredizas. Sobre la denuncia, la CNC en el 2020 ordenó la devolución de lo pagado, sobre dicha ordenanza se han realizado todos y cada uno de los trámites necesarios para la notificación personal del obligado, sin tener ningún éxito, por lo que no ha quedado más que ordenar el archivo de las diligencias en sede administrativa, situación que deja sin solventar las necesidades del consumidor en cuanto a lo pretendido con su denuncia.
Claramente, la justicia pronta y cumplida pocas veces se está logrando en materia de derechos del consumidor.
2. Procedimiento vía reglamento: el procedimiento administrativo especial, vía reglamento, permitirá ajustar tiempos de respuesta, lo que permitiría el uso de nuevas tecnologías con las que ya incluso cuenta la CNC y que se han puesto al servicio de los ciudadanos.
Sobre este aspecto, se han realizado estudios internos para determinar la duración en promedio actualmente de un procedimiento administrativo, dando como resultado tiempos de respuesta de tres años, situación que quebranta los principios de una justicia pronta y cumplida.
3. Declaración de las cláusulas abusivas que se presenten dentro de los contratos de adhesión: la reforma pretende posibilitar a la CNC para que revise los contratos cuando un consumidor denuncia que algunas de sus cláusulas son abusivas y pueda decidir su desaplicación.
Actualmente, los consumidores afectados por la inclusión de este tipo de cláusulas solo pueden solicitar su anulación por la vía civil, y estos procesos suelen tener elevados costos, contratación de abogados y tiempos de espera que superan los cinco años, escenario bajo el cual es prácticamente es imposible anular este tipo de cláusula.
4. Sanciones y su graduación: el proyecto plantea el ajuste de la base de las multas que impone la CNC, pasando de la definición del salario mínimo mensual al salario base, comúnmente utilizado en la imposición de multas por parte del Poder Ejecutivo (salario del oficinista 1 del Poder Judicial). Adicionalmente, para incentivar una conducta de colaboración, se propone disminuir la sanción cuando el comerciante compense integral y oportunamente al consumidor en las etapas previas del procedimiento administrativo, economizando tiempo y dinero a la administración; mientras que establece como una agravante las conductas que dificulten la tramitación del expediente, la mala fe y el ocultamiento de pruebas.
5. Transferencia de recursos: se propone que la recaudación por concepto de multas se destine a la atención de iniciativas en educación y protección del consumidor, así como de educación a las empresas en materia de sus obligaciones con el consumidor. De este modo, a mayor incidencia de irregularidades en el mercado mayor necesidad de programas de educación.
“Este proyecto busca que se defienda de manera más oportuna, eficiente, pronta, cumplida y rápida, los derechos de los consumidores, quienes hoy tienen que esperar más de tres años para ver resueltas sus denuncias. La reforma no incorpora nuevos deberes por parte de quienes venden de bienes y servicios, ni tampoco hace más pesada su carga regulatoria actual. Solicitamos de manera muy respetuosa a los señores diputados el respaldo para que esta iniciativa se convierta en Ley«, manifestó Francisco Gamboa, ministro de Economía, Industria y Comercio.
Esta iniciativa permitirá ajustar algunos aspectos de la protección al consumidor, lo que permitiría la resolución de conflictos de consumo de forma más ágil y eficiente, sobre todo, si se toma en cuenta que la mayoría de reclamos de los consumidores obedecen a temas relacionados a garantía en celulares, electrodomésticos y línea blanca.
