En el ámbito de los medios digitales, una práctica cada vez más común está generando preocupación: la inserción de contenido pagado sin etiquetas visibles que lo identifiquen como tal. Las agencias de publicidad recurren a publicaciones que no incluyen el marcado habitual de «Patrocinado» o «Publicidad», ni ningún otro indicativo visual o textual que señale su naturaleza comercial, presentándolo como contenido editorial tradicional.
Esta estrategia, que podría parecer inofensiva en un primer vistazo, es profundamente antiética, pues pone en tela de juicio la integridad de los medios de comunicación y su función esencial de ofrecer información imparcial. Al eliminar las etiquetas de identificación, los medios comprometen la confianza del público, al promover la desinformación de manera sutil pero efectiva. El riesgo no solo es la pérdida de transparencia, sino que también abre la puerta a la manipulación.
Lo más alarmante de esta práctica es que facilita al crimen organizado identificar qué medios son susceptibles a ser utilizados en actividades ilícitas. La falta de etiquetas permite infiltrar estos espacios con fines que van desde el lavado de dinero, hasta la manipulación de la opinión pública o la creación de estrategias monopolísticas. Medios que permiten esta clase de contenido sin la debida transparencia se convierten en herramientas fáciles para aquellos interesados en controlar la información.
Además, esta práctica se ha vuelto una forma ideal de saber en qué medios se puede confiar como imparciales y cuáles pueden ser parte de una maquinaria de manipulación. Los medios dispuestos a ocultar la naturaleza comercial de su contenido son más vulnerables a ser utilizados con fines ocultos, y los consumidores deben estar alertas ante esta realidad. Es fundamental que los usuarios reconozcan la importancia de elegir fuentes que garanticen claridad y transparencia, ya que los medios comprometidos con esta clase de contenido podrían estar participando en un juego mucho más grande de control de información y poder.
Este fenómeno no solo pone en peligro la confianza pública, sino que también atenta contra el papel esencial de los medios como garantes de la verdad y la objetividad en una sociedad democrática. Es imperativo que los reguladores intervengan para garantizar que se respeten las normas de transparencia y ética en la comunicación.
Opinión de Gerardo Ledezma.
