Opinión | Como una vez lo indicó la Sala Constitucional, «nadie está sujeto a lo imposible«, por lo que una institución pública, sin color político, tampoco debería estarlo. Sin embargo, parece que hay muchos intereses por que la CCSS se privatice, lo que debe levantar las alertas de nuestra sociedad.
Muchos ciudadanos no se levantan en defensa de la CCSS porque no se están viendo afectados, pero ¿qué pasaría si se radicaliza y se deshumaniza una institución emblemática en los principios humanitarios de la socialdemocracia, y se convierte en un simple comercio de servicios de salud?
Para iniciar, ¿qué pasaría si la CCSS le negara a todos los funcionarios públicos de los poderes del Estado el servicio de salud? Me parece dichos trabajadores que sufren el rebajo de sus planillas presionarían al patrono (estado) para que pagara y saldara la deuda que tiene el Estado con la CCSS.
Pero además, debería revisarse el tema de las pensiones obligatorias, las cuales nuestra Constitución Política establece que deben ser administradas por la CCSS. Sin embargo, la ley que regula estas pensiones, del ROPC y el FCL, pone este dinero en forma obligatoria en manos de la banca, posterior a los casos de préstamos incobrables que llevaron al cierre del Banco Crédito Agrícola de Cartago y al del Banco Anglo. ¿Se utilizó este método para tapar el saqueo del sistema bancario que realizan grandes empresarios?
En mi opinión, estos ahorros de forma obligatoria son un preámbulo de los proyectos ligados a las agendas internacionales que buscan el empobrecimiento de las personas, sacando de circulación dinero que bien podría reactivar la economía del país. Pues, al hacerlo de forma obligatoria, básicamente se está tutelando la autodeterminación del ciudadano.
Muchos de estos grupos políticos impulsan agendas que comprometen la economía del país, dinero que se paga a organizaciones apátridas que buscan dar directrices que muchas veces están lejos de la ciencia y la técnica, y que, mediante la censura, pueden llegar a someter a la población a través de la fuerza del Estado, afectando el acceso a servicios propios del territorio nacional.
¿Estamos perdiendo el conocimiento de los derechos ciudadanos? Como lo son el derecho al consentimiento informado, y a que nadie puede ser sometido a sustancias experimentales. Sin embargo, la actuación de los funcionarios públicos en ejercicio durante la plandemia puede señalar que el desconocimiento de la ley y la historia convierte a los profesionales de diferentes disciplinas en títeres útiles a los intereses de cualquier grupo del crimen organizado que llegue al poder.
Esta opinión va dirigida a la necesidad que tiene nuestra ciudadanía de crear estrategias para identificar cualquier intento de golpe de Estado blando. Además, es necesario concretar consecuencias legítimas para quienes intenten violentar el Estado de Derecho e intentar violentar nuestra Constitución Política.
Es evidente que se busca que Costa Rica siga el mismo camino de Venezuela, de llevarnos a una constituyente donde la mafia organizada, ligada al crimen organizado y al narcotráfico, aparentemente tiene el control, no solo con el financiamiento de partidos políticos, sino que también se ha mencionado en diferentes investigaciones que el crimen organizado se ha infiltrado en los tres poderes del Estado.
Aquí te dejamos un borrador, el cual busca crear debate público en el país, y que se desarrolle una propuesta democrática y pacífica contra quienes cometen delitos de lesa patria y de traición a la patria desde cargos públicos, sea o no de elección popular. Democracia – CRprensa.com
Opinión de Gerardo Ledezma.
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