Recurso de Amparo contra Ministra de Salud por desinformación y violación de derechos constitucionales

Nuestro medio digital interpone recurso de amparo por supuesta manipulación de información sobre el proceso judicial de vacunación COVID-19 en menores de edad.

Soy Gerardo Ledezma, ejerciendo un periodismo libre e independiente, y quiero compartir con ustedes una situación que considero atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información veraz en Costa Rica. He presentado un recurso de amparo contra la Ministra de Salud, Mary Munive Angermüller, acusándola de desinformación y violación de derechos constitucionales. Este recurso surge en el contexto de una publicación que realicé en mi medio digital sobre un proceso judicial relacionado con la vacunación COVID-19 en menores de edad.

En mi artículo, informé sobre una solicitud judicial presentada por la Ministra de Salud para levantar la medida cautelar que suspende la obligatoriedad de la vacuna COVID-19 en menores. Basé mi reporte en documentos del proceso contencioso administrativo No. 23-000617-1027-CA, y hasta conté con la corroboración del apoderado especial judicial de la parte actora.

Sin embargo, el Ministerio de Salud desmintió mi información a través de sus redes sociales, calificándola de falsa y exhortando a la población a no difundir «noticias falsas». Esta acción no solo cuestiona mi credibilidad y la de mi medio, sino que también afecta mi derecho a informar y el derecho del público a recibir información veraz.

El recurso de amparo argumenta que las acciones del Ministerio de Salud vulneran derechos fundamentales como la libertad de expresión y el libre acceso a la información, protegidos por la Constitución Política de Costa Rica y tratados internacionales, incluyendo la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, señalo que el Ministerio no ha cumplido con el derecho de rectificación que solicité, conforme a la legislación vigente.

Esta disputa ha generado preocupación sobre el uso de la palabra DESMENTIR o ES FALSO, por parte de funcionarios públicos sin realmente demostrar lo que dicen, y que básicamente puede utilizarse como una herramienta para el crimen organizado, y aunque no señalamos a la Ministra de participar en actos de corrupción, si es importante señalar que esta forma de censurar puede ser usada para el crimen organizado que ya tanto se muestra que ha infiltrado las instituciones públicas. Por lo que veo en este caso un precedente crucial sobre el manejo de la información oficial, la transparencia en temas de salud pública y el uso de la prensa como herramienta anti-corrupción.

Espero que el recurso de amparo que he interpuesto permita esclarecer los hechos y asegurar el respeto a los derechos constitucionales de todos los costarricenses en cuanto al acceso a información veraz y la libertad de expresión. Mi compromiso como periodista es seguir defendiendo estos valores fundamentales para nuestra democracia.

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