Existen antecedentes de varios factores que se juntaron en el caso del manejo de la pandemia en Costa Rica, delitos como corrupción, trafico de influencias, asociación ilícita para delinquir, están en nuestro sistema judicial por la existencia de personas que cometen esos delitos, esto no solo genera jurisprudencia, sino que fundamenta leyes, reglamentos y normativas, que limiten la posibilidad que vuelva a ocurrir, y al mismo tiempo dar consecuencias penales a quienes cometen dichos ilícitos.
Pero el creer que todo funcionario público, políticos, jerarcas y gobernantes son buenos, es alguien que puede tener muy buen corazón, pero poca experiencia y pocas habilidades sociales. Por eso, el poder no se debe concentrar en pocas manos, por eso las bases de datos no se deben concentrar, evitando que se usen para el control social.
La separación de poderes permiten que se vigilen unos a otros, y cuando esa división se pierde, al mismo tiempo se pierde la fiscalización, además, que permite infiltrar a personas corruptas en puestos claves para frenar denuncias de corrupción, e incluso, para obtener información de funcionarios públicos como jueces y magistrados y amenazarlos en caso de no prestarse para actos de corrupción, o por no liberar a narcos, como se ve en las noticias hoy día.
Por eso, estos grupos de mafia organizada aprovechan toda oportunidad para generar escusas y trasladar fondos públicos a paraísos fiscales, por ejemplo, ¿conoce usted el estado de cuenta del país?, ¿sabe usted a quién se le debe, cuánto y por qué tiempo? El mismo Ministro de Hacienda me respondió que no existe un estado de cuenta donde los costarricenses podamos conocer dicha información.
Ahora, apliquemos esto a la supuesta pandemia y sus irregularidades.
Distintos grupos sociales llegaron a casa presidencial para tocar distintos temas con el presidente, sin embargo, los grupos que solicitan debate público técnico científico sobre la obligatoriedad de la sustancia que no tiene registro sanitario no han sido escuchados.
Yo mismo solicité al Presidente Chaves un debate público con la CNVE y el grupo Bicentenario, sin embargo, dijo el mandatario, que ya existía suficiente debate. (Ahora dice que no ha existido debate).
La ex ministra de Salud indicaría en comparecencia con los diputados distintos argumentos preocupantes, lo que al parecer los legisladores que cuentan con abogados y una salubrista, dejaron la ley de lado, y se atreven a decir “yo creo en la vacuna” pero, los diputados no deben gobernar en beneficio propio, son simples depositarios de la ley, y no deben ir mas allá de lo que la ley les permite, se trata de ciencia, no de actos de si creo o no creo.
En dicha comparecencia la ex ministra externó no conocer las consecuencia de la inoculación, pero al mismo tiempo indicó conocer los efectos adversos de las sustancias, e indicó que el Presidente también las conocía.
Pero que no se podría referir al caso por la existencia de un contrato (del que hablaremos más adelante), pero cuando los diputados le hablaron de los mas de 1200 efectos adversos publicados por el fabricante, y que es abortiva, además de que no se esta aplicando el consentimiento informado a pesar de la opinión consultiva de la CIDH, la que indica que debe existir consentimiento informado, y favor no confundir con nota informativa, el consentimiento debe ser voluntario, de lo contrario no es consentimiento.
En las escuelas, el Patronato Nacional de la Infancia comenzó a enviar notas a los padres para coaccionarlos con procesos judiciales si no aceptaban en forma obligada a inocular a los menores, lo que se consultó al PANI que siendo que no se puede poner en riesgo el interés superior del menor, entonces ¿Cómo garantizaban ellos científicamente el interés superior del menor? Hasta el día de hoy no responden, pero si fue interesante saber que la Ministra del MEP indicó de no conocer que se usaran las escuelas para tales fines y hasta como vacunatorios, pero salieron varias denuncias ciudadanas que sí estaba ocurriendo.
También se le preguntó a la Ministra del MEP, si existía un conflicto de intereses al ser su propio hijo, un experto en el tema usado por un medio de comunicación que impulsa el uso de la sustancia como segura y eficaz, argumento que dice un estudio, que nunca exponen, y nadie respalda científicamente.
En ese proceso nació el grupo Bicentenario, quien en la cara de Jorge Navarro quien se anunció como Científico en NC11, el empresario en fármacos anunció en Repretel NC11, al inicio de la pandemia, que la sustancia generaría Miocarditis y Pericarditis, hoy casi dos años después son campañas de RCP (Reanimación Cardio Pulmonar) que se impulsan, y se avisan de hospitales saturados por problemas cardíacos, aún cuando ya se había advertido, después de que lo publicó el mismo fabricante, las autoridades lo informan como una consecuencia del virus y no como un efecto secundario de la sustancia.
Lo peor es que la misma formula para adultos se estaría usando para niños, con la diferencia de que incluyeron un estabilizador cardíaco, lo que niños podrían llegar a sufrir las mismas consecuencias. (Según información publicada por Bicentenario quienes acumulan mas de 200 horas de videos de prueba documental). Bicentenario estima que el estabilizador es una muestra de que sabían que provocaba miocarditis y pericarditis, esto no elimina el riesgo de los efectos secundarios.
Hasta el momento quienes impulsan la sustancia, se podrían estar convirtiendo en Corruptos y Genocidas, pero el soberano pueblo democrático de Costa Rica ha sido violentado en su derecho individual y colectivo de un debate público técnico científico, y de una investigación de grado forense para establecer realmente las causas de muerte, incluso se ha modificado la forma de reportar las muertes, según documentos publicados por Bicentenario.
Desde medios de comunicación se ha impulsado campañas de que la sustancia es “Segura y Eficaz”, en monólogos, con opiniones que dicen, “un estudio dice”, pero no podes comprobar que lo dicho sea verdad porque no publican las fuentes ni nada que de garantía real de que lo dicho no sea un acto de manipulación por algún interés, más que algunos de quienes promueven la sustancia han tenido relación comercial con dichas marcas farmacéuticas.
Ya son muchas las informaciones internacionales que se han dado, que las mismas redes sociales eliminan y censuran, como si se tratara de “la quema de libros” usados en varios países en el pasado para manipular la información que permita a la población tener mente crítica y decidir por sí mismos, lo que convierte la acción en un acto de limitación de acceso a la información.
Las mismas autoridades han guardado silencio ante actos que deben asustarnos a todos, hablamos que basados en un supuesto estado de emergencia, bajo un acto mundial que nadie respalda científicamente, ni acepta debate público, se han cometido irregularidades jurídicos basados en el miedo inducido posiblemente a jueces y magistrados (pensando que no son parte de un acto de corrupción), veamos mas de cerca.
En el tiempo del gobierno de los hermanos Tinoco, quienes gobernaron por decreto, se estableció en nuestra Constitución Política que todo acto que limite derechos debe ser presentado a la Asamblea Legislativa, y que esta tiene un plazo de 24 horas para mantener por 30 día el decreto que limita derechos y que este no se puede solicitar al mes siguiente, pero de no hacerlo, el decreto pierde vigencia en 48 horas.
¿Cuánto tiempo se violentó derechos constitucionales en Costa Rica? Como el derecho a la libertad de empresa, el derecho al libre tránsito, el derecho a la educación, el derecho a la solicitud individual y colectiva, el derecho a un ambiente sano, el derecho de acceso a la salud, entre otros. Todo ante el silencio de Diputados y una Sala Cuarta, que nunca vieron un decreto como lo establece la Carta Magna en Costa Rica.
El contrato es otro punto que se debe analizar, ya que la misma Constitución Política establece el método que se debe llevar para los acuerdos internacionales, el contrato debió ser presentado a la Asamblea Legislativa y a la Sala Cuarta, pero esto al parecer no ocurrió, por lo que el contrato quedaría nulo para cualquier cede internacional, ya que quienes firmaron el contrato no podían asumir la soberanía del país, y por eso, la firma del ex Ministro de Salud y del ex Presidente, podría corresponder a un acto de traición a la patria, según el articulo 3 de nuestra Constitución Política.
Esta organización mafiosa, al parecer le dio poderes supra constitucionales a la Comisiona Nacional de Vacunación y Epidemiología, al punto que el presidente Rodrigo Chaves dice que no puede quitar la obligatoriedad, pero ese órgano del Ministerio de Salud es un órgano técnico, no político, por lo que esta obligado a justificar las decisiones tomadas científicamente, pero en la nota de justificación indicaron que las decisiones no fueron científicas, sino para que gran parte de la población se inocularan, lo que hace que la decisión fuera ideológica y no científica. ¿Pero existe conflicto de intereses entre los integrantes de esta comisión y las industria farmacéutica?
Por lo que es importante analizar, que los funcionarios públicos son simples depositarios de la ley, ya que la Constitución Política se realizó para que el pueblo pueda controlar al gobierno, y no el Gobierno al Pueblo, sin embargo, hay leyes y reglamentos que les han dado carácter de constitución, sin sustento jurídico alguno.
Por eso, en mi condición de ciudadano, solo expongo lo que he visto como observador costarricense, no soy abogado, por lo que esta opinión podría servir como objeto para iniciar una investigación de los actos señalados, pero corresponde al Pueblo de Costa Rica observar el comportamiento de los funcionarios públicos, en este caso, existen muchas irregularidades sincronizadas interinstitucionalmente, lo que puede corresponder a un grupo mafioso que ha penetrado posiblemente en los Tres Poderes de la República.
Actos como estos ya se han registrado en la historia, los invito a conocer el caso Odebrecht, una constructora
brasileña que llego a comprar a diputados y presidentes en 12 países de América latina, pagándoles en paraísos fiscales, para modificar leyes que les permitiera ganar contratos de mega proyectos. Esto me asusta cuando vemos que logran meter una sustancia en fase experimental en nuestro esquema de vacunación obligatoria.
¿Sabe usted cuántos millones de colones al año significa eso? Aquí huele a chorizo, aquí huele a que han tratado de tontos a los ticos, al punto que han silenciado los mismos colegios de profesionales que están obligados a cumplir con juramentos deontológicos e hipocráticos a no guardar silencio.
Esos mismos colegios hoy no aceptan un debate público. Esta supuesta vacuna no se puede cuestionar, porque no lo permiten, ideológicamente señalan sin ciencia a quienes dudan de la eficacia y seguridad, sin embargo, dejemos de lado las supuestas buenas intenciones, aquí lo importante es que se puede estar torciendo la ley, se cometen injusticias, y se violentan derechos humanos, derechos constitucionales y derechos humanos universales, ante el silencio de las autoridades de justicia y ante la ignorancia de un pueblo manipulado.
Todo el sistema jurídico de Costa Rica se acerca al sistema Venezolano, se está convirtiendo en trincheras de la mafia organizada en puestos públicos ¿es esto una amenaza a nuestra soberanía y democracia?, ¿se va a perseguir a quienes no están de acuerdo con los instrumentos policiales como en Venezuela o con la Gestapo?
Costa Rica corre una gran amenaza, “la ausencia del debate ha sido la presencia de la corrupción”, y llevamos décadas de que se le quitó ese derecho a los costarricenses, y ¿Cómo lo sé? por el simple hecho de que no se puede realizar un debate técnico científico entre quienes impulsan la sustancia y quienes cuentan con información documental de las mismas autoridades de salud, de que se trata de una pandemia utilizada para saquear fondos públicos y donados, y que puede poner en riesgo la salud pública. Siendo que incluso, a nivel internacional se cuestiona la censura de las redes sociales a médicos especialistas y a las personas que denuncian efectos adversos.
¿Con qué otros factores del gobierno se pueden usar para saquear fondos públicos? Cualquiera, cuando se tuerce la ley, cuando se atenta contra un sistema democrático, cuando el pueblo no defiende sus derechos, cuando se ignoran los acuerdos como el Código de Nuremberg, cuando se ignoran juramentos hipocráticos y deontológicos de los profesionales, y cuando se amenazan de perder su empleo por exponer algo incorrecto, en definitiva, puede existir corrupción, y es el pueblo quien debe exigir a la administración pública no caer en el abandono de sus funciones y caer en el prevaricato.
¿Estamos entrando en un golpe de estado suave?, ¿ha penetrado la corrupción en los poderes de la republica al punto de desactivar los contrapesos de nuestro sistema democrático?
¿O este caso tendremos que sumarlos a otros como el de Cochinilla, Caso Upad, Caja – Fishel, Banco Anglo, Banco Credito Agricola de Cartago, Diamante, Ecoteva, Ice -Alcatel, Trocha y puente de la platina?.
Estos contratos deberían ser secuestrados YA por el Ministerio Público, y ser expuesto a la Ciudadanía Costarricense. ¿Será que incluye comisiones para funcionarios públicos?.
