Quienes atacan al gobierno por el decreto contra la mascarilla y las inoculaciones, tampoco pueden sostener su aplicación, ni técnica, ni científicamente. Recordemos que la misma Defensoría de los Habitantes había hecho un llamado a debatir al gobierno anterior, y no se animaron a hacerlo.
Sin embargo, el comercio de la industria farmacéutica si hizo su agosto con una serie de productos, como lo son test de pruebas rápidas, por cierto, muy cuestionadas por salir positivo hasta con agua del grifo.
Por desgracia, la administración de la sustancia sin garantías y con una serie de efectos adversos anunciados por los mismos fabricantes siguen siendo ignoradas por las autoridades, al punto de evitar el consentimiento informado, de evitar el capacitar a la población para reportar los efectos adversos, y peor aún, censurar todo aquello que evite a las personas las opciones alternativas.
Lo preocupante, es que el conflicto de intereses de la OMS con las farmacéuticas es público y evidente, ya que un 10% de la producción de cada marca va para el sistema COVAX de la OMS, si esa misma del grupo de org´s de Bill Gates.
Este mismo mega negocio llegó a colocar un contrato ciego para los costarricenses, pero al mismo tiempo que saquea las cuentas bancarias de nuestros impuestos justificados en supuestamente resguardar la salud, mediante una sustancia que aún no se conoce los efectos secundarios a mediano o largo plazo, sin embargo, la miocarditis y pericarditis es parte de los riesgos que el mismo fabricante advierte, ¿se avisó y se explicó esto en un consentimiento informado?
Pero la campaña televisiva de desprestigio y discriminación desde el mismo gobierno hace ver que puede existir más que un tema de preocupación de salud, puede existir un mega negocio muy lucrativo con los fondos públicos, que nadie se atreve a investigar ni a cuestionar por nacer de un decreto de estado de emergencia.
Creo que es un buen momento para que el Presidente Rodrigo Chaves llame a un debate nacional entre los que impulsan la sustancia, y contra los que vienen denunciando irregularidades en la introducción de la sustancia, es muy posible que de ello se desprenda un buen expediente judicial que lleve a algunos canallas a la cárcel por traición a la patria, incluso por golpear la economía.
La falta del debate público es necesario, como una medida de proteger los intereses de los costarricenses que se puedan ver afectados por conflicto de intereses de algunos políticos sin escrúpulos que venden su patria por un plato de lentejas.
Hasta este momento el pueblo pudo comprobar que a nivel nacional no encontró reparo a sus consultas sobre estos temas, de modo que se ha acudido a la misma CIDH para buscar alternativas a la negativa de nuestro sistema jurídico que se llena de un inventario de tecnicismos para no conocer el fondo, y prolongar lo que puede haber sido el golpe más profundo a la patria costarricense.
Opinión de Gerardo Ledezma
