Señores Diputados:
Ante la crisis que atraviesa el país, les presento una propuesta para fortalecer la lucha contra la corrupción y el crimen organizado dentro de las instituciones públicas de los tres poderes del Estado costarricense.
En la actualidad, algunos funcionarios públicos han aprendido a utilizar herramientas jurídicas en su beneficio, lo que ralentiza el sistema judicial y abre más espacios para la corrupción. Además, diversas instituciones y ministerios han intentado restringir el acceso ciudadano a la información, incumpliendo los principios de transparencia, hasta que son obligados por la Sala Constitucional. En algunos casos, incluso las respuestas evasivas de las entidades estatales sugieren la existencia de irregularidades.
Con el objetivo de generar mayores controles, propongo las siguientes medidas:
- Alertas por acumulación de recursos de amparo: Cuando un funcionario reciba cinco recursos de amparo en su contra, su superior jerárquico deberá notificar al Ministerio Público y generar una alerta en la auditoría interna. Esto permitirá evaluar si el funcionario está cumpliendo correctamente con sus responsabilidades. Como resultado, se reduciría la sobrecarga de la Sala Constitucional y se fortalecería la transparencia y credibilidad institucional.
- Comunicación clara y libre de demagogia: Dado que el servicio público está dirigido a una sociedad diversa en pensamiento, educación y cultura, todos los documentos oficiales, argumentaciones, negociaciones, comunicados de prensa y declaraciones públicas deben ser redactados en un lenguaje claro y preciso, evitando interpretaciones ambiguas. La demagogia debe ser considerada una forma de corrupción, ya que busca inducir al ciudadano al error mediante mensajes confusos o intenciones ocultas.
- Obligatoriedad de la denuncia formal: La denuncia pública no puede sustituir la denuncia judicial. Por ello, cualquier funcionario que realice una denuncia pública deberá presentar la correspondiente denuncia formal en un plazo máximo de cinco días naturales. Esto evitará que algunos funcionarios utilicen su cargo e inmunidad para afectar a terceros, obstaculizando el control político sobre la función pública.
- Despolitización del financiamiento electoral: Para evitar conflictos de interés, las contribuciones a partidos políticos no deben provenir directamente de financistas privados. En su lugar, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) debería recibir y administrar las donaciones, asegurando una distribución equitativa de los recursos. Además, los fondos públicos no deberían ser entregados directamente a los partidos, sino administrados por el TSE para garantizar igualdad de condiciones en la difusión de propaganda y en la participación en debates de ideas. El objetivo de una campaña electoral debe ser la confrontación de propuestas y no una competencia de popularidad basada en la capacidad económica de los candidatos.
- Penas más severas por incumplimiento de deberes: Las sanciones por incumplimiento de deberes deben fortalecerse con penas de cárcel efectivas y proporcionales a la gravedad de la falta. Actualmente, las sanciones administrativas resultan insuficientes y no generan un verdadero efecto disuasivo. La corrupción y la omisión de funciones en la administración pública deben ser castigadas con penas privativas de libertad, garantizando que quienes incumplen su deber enfrenten consecuencias reales y ejemplares.
Espero que estas ideas sean de utilidad para fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en nuestro país.
Opinión de Gerardo Ledezma
Nota: Enviado por correo a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
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