En medio de la celebración del aniversario de nuestra Constitución Política, que como medio siempre hemos promovido, no solo la lectura de la misma, sino también la compra de la versión impresa, dado que a veces confiamos demasiado en quienes se encuentran en la administración pública, olvidando que tanto el narcotráfico como el crimen organizado, la corrupción y la evasión fiscal ya se han infiltrado en los tres poderes del Estado.
Dentro de lo que dice nuestra Constitución Política, la cual está sobre toda ley, reglamento o normativa, excepto por los acuerdos internacionales, nos hacemos la siguiente pregunta:
Esto dice nuestra Constitución:
- Somos una república libre e independiente.
- El poder reside en la nación.
- Nadie puede arrogarse la soberanía, y quien lo haga cometerá delito de traición a la patria.
- Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades que la ley no les otorga.
- Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes.
- Por lo tanto, si un funcionario no puede ir más allá de lo que la ley le permite, incluidos presidentes, diputados, magistrados, y todos están sujetos a la ley, ¿quién puede autorizar a un representante a firmar y poner en riesgo la soberanía nacional? Puesto que, en teoría, quien lo haga comete el delito de traición a la patria.
Si un funcionario no está autorizado a arrogarse facultades que la Constitución no le otorga, ¿cómo puede arrogarse la soberanía? ¿Cómo puede firmar acuerdos que sujeten al país a disposiciones de la OMS, ONU, la OCDE, la CIDH o cualquier otra entidad que pueda emitir criterios u opiniones de carácter obligatorio para nuestro país?
¿Acaso no es esto intervenir en asuntos internos del país? ¿No es administrar en contra de nuestra cultura e idiosincrasia?
Por ello, debemos analizar a profundidad de qué se trata nuestra Constitución Política; se trata de un acuerdo donde el pueblo costarricense conviene en el método de administración de los recursos públicos y la administración de justicia. En otras palabras, elegimos y colocamos a funcionarios públicos para que administren. Pero, cuando estos ceden decisiones a terceros como organismos internacionales, ¿no es esto un abandono de sus funciones?
Dado que un funcionario público tiene la función de administrar, ¿cómo puede ceder estas funciones a terceros? Según mi opinión, es una declaración de incapacidad para ejercer el cargo para el que fue elegido, poniendo en riesgo los intereses del país y colocando los recursos del Estado, es decir, de todos los costarricenses, a expensas de intereses privados.
Además, debemos recordar que las instituciones deben garantizar el respaldo a los derechos humanos, por ejemplo:
- CCSS: garantizar el acceso a la salud.
- AyA: acceso al agua.
- CNP: acceso a los alimentos.
- ICE: acceso a la tecnología y las telecomunicaciones.
- entre otros…
Por esta razón, lo que llamamos tercerización, que realmente es una privatización solapada, ¿no se convierte en una manifestación de incapacidad de los funcionarios para ejecutar la administración para la que fueron elegidos?
Puesto que nuestra Constitución Política también nos permite y nos obliga a observar las acciones de los funcionarios públicos, creo que es importante analizar en mayor profundidad casos que podrían estar induciendo a la población a aceptar irregularidades. Dado que el crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico han infiltrado nuestras instituciones públicas, los costarricenses debemos organizarnos para generar herramientas que protejan nuestra institucionalidad y exijan a quienes nos representan que cumplan con sus funciones sin ir más allá de lo que la ley les permite.
Por eso, analizar los acuerdos internacionales firmados por funcionarios que no pueden arrogarse la soberanía, que están sujetos a la Constitución Política y que no pueden arrogarse funciones que la ley no les permite, nos lleva a cuestionar si todo acuerdo que estos firmen tiene algún valor real, ya que nadie está legalmente autorizado para comprometer la soberanía del país.
Estos argumentos los expongo no solo como una duda razonable al pueblo costarricense, sino con el fin de abrir un debate público sobre estos temas tan importantes, dados los riesgos ideológicos a los que se está sometiendo nuestro país.
Una opinión de Gerardo Ledezma
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