San José, 27 de mayo de 2025. El doctor Jorge Róger Méndez Benavides presentó una denuncia ante el Plenario Legislativo, en la que solicita interpelar a varias figuras del Gobierno por presunta corrupción relacionada con el desarrollo del Polo Turístico del Golfo de Papagayo. En el documento, se acusa al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), al Poder Ejecutivo, y a entes como la Contraloría y la Procuraduría General, de haber participado u omitido acciones frente a una supuesta apropiación indebida de terrenos originalmente pertenecientes a la familia Paniagua Mendoza.
Méndez exige que se llame a comparecer al Presidente de la República, Rodrigo Chaves; al Ministro de Turismo, William Rodríguez; al director del Departamento Polo Turístico Papagayo, Henry Wong; a la contralora Marta Acosta; al procurador Iván Vincenti; y a los alcaldes de Liberia y Carrillo, para que den explicaciones sobre la legalidad de las concesiones, el destino de las ganancias del proyecto y el estado financiero del Fondo de Desarrollo Turístico (FonDetur), actualmente reportado como quebrado.
La denuncia indica que los terrenos fueron expropiados de forma ilegal a la familia Paniagua tras la muerte del patriarca Manuel Paniagua Rodríguez en 1978, sin proceso judicial válido y usando testaferros ligados al entonces presidente Rodrigo Carazo. Posteriormente, se habrían entregado en concesión a la empresa Ecodesarrollo Papagayo, hoy controlada por el empresario estadounidense Karim Jamal Alibhai, director de Gencom Group.
El documento también señala que, pese a existir múltiples demandas judiciales en curso contra las concesiones y sus subproyectos, como los hoteles Four Seasons, Andaz y Ritz-Carlton, el ICT y otras instituciones no han tomado medidas para recuperar los activos o frenar lo que se califica como una “estructura paralela” de registro inmobiliario y concesionario.
Además, Méndez acusa que ninguna de las ganancias derivadas del turismo de lujo en Papagayo —con casas alquiladas hasta por $50.000 por noche— están ingresando a las arcas del Estado, sino que estarían siendo redirigidas a paraísos fiscales. También sostiene que se están utilizando sociedades de papel para ocultar activos, y que podrían estar en curso actos de legitimación de capitales.
La petición se acompaña de denuncias formales presentadas ante el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, alegando corrupción internacional y el uso del sistema financiero estadounidense para lavar dinero proveniente de estas operaciones.
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