Costa Rica no está para nada aislada del mundo. Nuestra región latinoamericana viene siendo afectada por el fortalecimiento de las estructuras de crimen organizado, tal como lo proponía en su momento el conocido e histórico narcotraficante colombiano Pablo Escobar.
El narcotráfico en Colombia no solo ha financiado a políticos desde la sombra, también tuvo a su máximo representante en una curul del Congreso de la República.
Pablo Escobar Gaviria, el narcotraficante colombiano más poderoso y conocido en el mundo, quería llegar al Senado y lo logró. Aunque tenía en la mira llegar a la Casa de Nariño, o sea, lograr la presidencia, sus planes se vieron frustrados.
Cuando Escobar era todavía considerado un empresario adinerado, y no un narcotraficante en apogeo, inició su plan por incursionar en la política nacional. Lo hizo, paradójicamente, en el partido de quienes descubrieron y denunciaron el verdadero origen de su fortuna posteriormente.
A partir de 1982, cuando ya había acaudalado fama en Medellín, catalogado incluso como un Robin Hood, Escobar decidió que quería estar en el Congreso. No lo hizo directamente, sino que logró hacerlo como suplente de otro político llamado Jaime Ortega Ramírez, candidato del Movimiento Político de Renovación Liberal que, en principio, fue cercano al Nuevo Liberalismo.
¿Cómo se relaciona esto con Costa Rica?
En este país Centroamericano los demagogos han venido impulsando leyes y reglamentos “blindados” que generan plataformas utilizables por el narcotráfico y el crimen organizado, donde incluso posicionan personas en puestos estratégicos para bloquear, desvirtuar o permitir que se venzan procesos.
El espejo es el mismo en que se reflejan los procesos de transformación institucional que han sufrido países de conocidas “democracias simuladas” pero reconocidas como dictaduras. Dicho reflejo, es cada vez mas simétrico.
Los costarricenses aun podemos generar cambios que frenen el crimen organizado que ya ha penetrado en los Tres Poderes de la República, sin embargo, en este momento histórico, esos cambios no son posibles sin la participación ciudadana.
Y es que nuestra Constitución Política nos da las herramientas para generar un cambio en nuestro país, para poder generar nuevas herramientas constitucionales que permitan crear un tribunal conformado por el pueblo de Costa Rica para llevar a funcionarios públicos por delitos como traición a la patria y delitos de lesa patria.
Por ejemplo, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiologia puede ser una de esas estructuras que ponen en riesgo nuestro sistema democrático, por lo que lesiona a nuestra patria, podría por tanto tratarse de un delito de Lesa Patria.
Inclusive, tomando en cuenta el aparente poder y relevancia que ha tenido en contexto de pandemia: ¿Qué pasaría si esta estructura llegara a ser usada por el crimen organizado y redes de corrupción?.
No solamente esto debe ponernos alerta.
En el país ya se han creado leyes para control social, o sea, para callar al soberano, el Pueblo. Sí, estamos hablando de la Ley Anti-Huelgas, por lo que quienes promueven la Ley Mordaza, podrían ser enjuiciados por traicionar al soberano.
Debemos analizar que es el pueblo de Costa Rica quien se pone de acuerdo para establecer una Carta Magna, una Constitución Política que se transforma no solo en un manual de ordenamiento social, sino que también se convierte en el pacto entre los patronos (el pueblo) y sus empleados (administración Pública), por decirlo de alguna manera. Por lo que todo lo que limite al pueblo e induzca a controlar al patrono, debe ser una alerta de que no se gobierna para el pueblo, sino en beneficio propio.
Y es que incluso hemos visto el uso del financiamiento económico de fondos públicos como un método de manipular a la prensa, donde es de resaltar que por aproximadamente dos décadas en Costa Rica no se realizan debates públicos, mucho menos de altura, lo que es bastante preocupante.
Ya son muchos los sonados casos de corrupción que hemos visto desfilar frente a nuestros ojos, en donde mediante la publicación de llamadas telefónicas se dieron a conocer casos de corrupción, pero al mismo tiempo se impulsaron leyes para que estas denuncias no se presentaran e incluso llevaran en el expediente aquello de ser “SECRETO DE ESTADO”, lo cual evita el control ciudadano y de los medios sobre las actuaciones judiciales que no necesariamente son secreto de Estado.
Lo preocupante es que incluso, en nuestro Poder Judicial, en caso de existir delitos en los que jueces y magistrados sean señalados, son los mismos compañeros con los que comparten en el comedor del edificio quienes tendrían que juzgarlos.
¿Podría considerarse eso ser juez y parte?
En definitiva, el pueblo debe analizar la forma de crear nuevas herramientas de justicia para llevar a los funcionarios públicos que cometan delitos de lesa patria y de traición a la patria a un escrutinio general.
Esta propuesta, del tribunal del pueblo, es un borrador que busca impulsar el debate público en el país, desde las comunidades, desde cada barrio, donde este borrador pueda llegar a ser perfeccionado y salga una propuesta nacional y respetuosa de la democracia y la Constitución que debería irradiar todo acto del que formemos parte.
Puede descargarlo en www.pazcr.com
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