Unidad Presidencial de Análisis de Datos quien la Sala Cuarta declarara inconstitucional en agosto del 2020 que denunció el abogado Juan Diego Castro, cuyo resultado trajo la vergonzosa intervención del 28 de febrero del 2020 del Ministerio Público (Fiscalía) en Casa Presidencial y Mideplan, donde además se perdería un audio de la Defensoría de los Habitantes, aun cuando existían varias personas grabando, según versiones que se realizaran en distintos medios de comunicación.
A pesar de la denuncia, a pesar de que el ex presidente Alvarado contaba con varias denuncias, el silencio de las autoridades podría exponer que la corrupción puede permitir que aun con denuncias penales, aun con declaratorias de inconstitucionalidad, se pueden ir a trabajar fuera del país.
Estas debilidades de nuestro sistema judicial solo podría beneficiar a cualquier déspota, o grupos de personas con conflictos de intereses que lleguen al poder ¿prevaricato? es algo que la historia y los costarricenses debemos analizar, el comportamiento de los funcionarios públicos.
La acusación de la Fiscalía General, entre mayo de 2018 y febrero de 2020, quienes estaban involucrados serían los asesores en análisis de datos de Casa Presidencial Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos, Diego Fernández, Felly Salas y Santiago Álvarez, bajo la orden del presidente Alvarado, “formaron parte de unidades ubicadas en Casa Presidencial dedicadas a la compilación y análisis de datos personales” de los ciudadanos “sin que mediara regulación alguna que avalara su funcionamiento”.
De UPAD y de la Ley Marco de Empleo Público se pueden desprender riesgos de muy alto nivel para nuestro sistema democrático, siendo esta modalidad utilizada en Venezuela, donde incluso se le congelaría por varios meses el salario de los diputados para intentar manipularles.
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