El Tribunal Contencioso Administrativo, sección de ejecución, habría emitido la ejecución de sentencia para el expediente 17-001496-1027-CA-2, ordenando el pago de una condena al Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) por una suma que ya se encuentra resguardada en las arcas del Poder Judicial, según las sentencias número 2024005389 del contencioso administrativo y civil de Hacienda, del Segundo Circuito Judicial.
El monto está destinado a un adulto mayor de apellidos Pérez Badilla, quien lleva 26 años luchando para que se le reconozcan los daños sufridos. A pesar de contar con la sentencia en firme y de que el dinero ya fue depositado por el INDER en una cuenta judicial, el pago al afectado aún no se ha realizado debido a que un juez ha impedido la ejecución del giro del dinero.
Jessica Perez Alcazar | Hija del afectado.
El expediente ha separado los montos a cancelar, sin embargo, la situación ha tomado un giro en el que el juez parece utilizar la retención del dinero como presión contra la abogada que realizó un proceso abreviado de honorarios, algo que se considera una vía incorrecta para tramitar el reclamo. No obstante, el proceso ha concluido y la sentencia está firme, por lo que las etapas han finalizado y el afectado exige el cumplimiento de la misma.
El afectado, que actualmente se encuentra en un delicado estado de salud, ha tenido que buscar apoyo emocional debido al impacto que la retención del dinero ha tenido en su bienestar. La situación ha sido aún más frustrante dado que el retraso se debe a un trámite realizado por una ex abogada que no cumplió con los plazos establecidos.
Según el expediente 17-001496-1027-CA, se han agotado las etapas del proceso y, a pesar de esto, el juez no ha emitido la orden de pago conforme a lo dictado en la sentencia. El afectado considera que el juez debería proceder con la ejecución de la sentencia y permitir que la abogada continúe con el proceso legal correspondiente.
En Costa Rica, si un juez retrasa injustificadamente la ejecución de una sentencia en firme, existen mecanismos legales para exigir el cumplimiento. Se puede presentar un escrito ante el tribunal solicitando la pronta ejecución, interponer un recurso de amparo si el retraso afecta derechos fundamentales o denunciar la situación ante la Inspección Judicial por posible negligencia. Además, es posible elevar una queja ante la Corte Suprema de Justicia para que revise la actuación del juez y garantice el cumplimiento de la sentencia.
La situación de Pérez Badilla pone en evidencia la falta de acción frente a la ejecución de sentencias y el posible uso de métodos inadecuados para presionar en procesos legales. Por ello, familiar pide al Presidente del Poder Judicial intervenir en este caso de presunta irregularidad.
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