San José, 4 de junio de 2021.- El tribunal del arbitraje internacional iniciado en 2014 contra Costa Rica, por la empresa canadiense Infinito Gold Ltd. (Infinito), notificó su decisión final, declarando que el Estado costarricense no deberá pagar ninguna indemnización al inversionista (que reclamaba cerca de US $400 millones). El caso, ventilado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), fue planteado por Infinito con base en el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”, cuando se le canceló la concesión del proyecto minero “Crucitas” a la empresa.
En su fallo (laudo arbitral), el tribunal determinó que:
(i) Costa Rica no le denegó justicia al inversionista, ya que los tribunales nacionales observaron correctamente los principios del debido proceso, y brindaron a Infinito acceso a las oportunidades de defensa necesarias.
(ii) Es legítimo que el país se declarara libre de la minería metálica a cielo abierto, como un objetivo soberano para proteger el medio ambiente; pero, al tomar esa decisión, se tenía que considerar la posible existencia de trámites en curso relacionados con la obtención de un permiso de exploración o explotación minera, y resguardar su situación. Al omitir hacerlo, se violaron los principios de proporcionalidad y razonabilidad que la Administración Pública debe respetarle a todos los Administrados, incluyendo los inversionistas.
(iii) A pesar de lo anterior, Infinito no demostró que la omisión indicada le hubiera provocado un daño y, por ende, no corresponde que Costa Rica le pague ninguna indemnización.
Al conocer la decisión, el Ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano, destacó el triunfo que representa para el país este resultado. Señaló:
“Este ha sido, posiblemente, el caso más complejo enfrentado por Costa Rica en materia de arbitraje de inversión internacional. Ha requerido un enorme esfuerzo y un trabajo tenaz, prolongado por más de siete años, de un equipo interinstitucional e interdisciplinario que, con tesón, asumió el gran desafío de la defensa. El resultado evidencia, una vez más, que los tratados de inversión y la seguridad jurídica que otorgan son sumamente importantes para defender nuestros intereses nacionales. También confirma que las garantías al debido proceso que la legislación costarricense otorga a nacionales y extranjeros por igual, se aplican con efectividad. Felicito al equipo de defensa nacional cuyo trabajo
conjunto y coordinado, sin duda, permitió que alcanzáramos esta trascendental conclusión para nuestro país”.
Por su parte, la Ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza, indicó que:
“El tribunal de arbitraje internacional reconoció que es legítimo que el país se declarara libre de la minería metálica a cielo abierto, como un objetivo soberano para proteger el medio ambiente. El tribunal nos dio la razón en ese punto, y sin duda es un triunfo no tener que indemnizar al inversionista. Desde el MINAE reiteramos nuestro respeto al marco jurídico y nacional como forma para la generación de certeza jurídica, aspecto central en los procesos vinculados al desarrollo sostenible. Reconocemos el trabajo profesional, dedicado y serio desplegado por el equipo interdisciplinario que representó al país en este proceso. Seguiremos trabajando en la promoción de la economía del futuro que transciende el enfoque extractivista, y se basa en la innovación, talento humano, en la circularidad y en las soluciones basadas en la naturaleza”.
Finalmente, Valenciano recordó que como país debemos diferenciarnos en la fuerte competencia que afrontamos a la hora de atraer inversión. Esta es una tarea fundamental para el dinamismo de la economía nacional. Dijo:
“Garantizar el respeto de las reglas es esencial para que los inversionistas sigan confiando en nosotros, y generando valiosas oportunidades de trabajo formal y bien remunerado para los costarricenses. También lo es el impulso del desarrollo sostenible, un valor con el que la comunidad inversionista reconoce y asocia la “marca” de Costa Rica. En estos momentos, en que luchamos sin cansancio por recuperarnos de la crisis pandémica, reactivando nuestra economía y las fuentes de ingreso para nuestra gente, es crítico mantener nuestros altos estándares de protección en ambos campos, para que la recuperación sea mejor, más incluyente, más verde y, por ende, más resiliente. Es precisamente bajo estas convicciones que continuaremos impulsando todos nuestros esfuerzos, siempre identificando áreas de mejora para promover de manera articulada el desarrollo al que aspiramos”.
El equipo nacional que tuvo a cargo la defensa de este caso estuvo liderado por COMEX e integrado por funcionarios de varios departamentos del MINAE (despacho ministerial, dirección legal, SETENA, SINAC, y Geología y Minas), la Procuraduría General de la República, peritos en los campos del derecho administrativo y finanzas (cuyas opiniones técnicas se aportaron como prueba para complementar los argumentos del país en el proceso), y la firma legal internacional Arnold & Porter Kaye Scholer, expertos contratados para coordinar nuestra estrategia y defensa legal, y para brindar el apoyo técnico-jurídico especializado necesario durante todo el proceso.
