¿Troles pueden manipular la opinión pública pero no la justicia?

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Prevaricato, es el delito que quizás no contemplan los troles que buscan manipular la opinión pública con el caso Piero Calandrelli (también trol), puesto que los fiscales, jueces y magistrados no pueden basarse en chismes, ni en supuestos, para realizar sus labores. Sin perjuicio de que sabemos de que existe una esfera subjetiva de dichos funcionarios que sí puede ser afectada, cuando dejan su rol de funcionarios y se integran en la vida cotidiana, por ejemplo, con sus familiares y amigos en donde existe interacción con la opinión pública imperante, sabemos que, a la hora de impartir justicia, nada de eso debe importar y solamente el juez se somete a la ley y la Constitución.

¡De pronto salió un grupo de troles atacando a otro trol!

Quizás esos troles no saben, o lo saben muy bien, de que existen delitos informáticos que ya están contemplados en la normativa costarricense y nuestra jurisprudencia, por lo que su quehacer podría estar bajo lupa muy pronto. Las reglas de la ciencia y la técnicas son elementales para investigar una causa, por lo que la entrega del teléfono de Alberto Vargas (el trol que persiguen), como diligencia dentro de la investigación, lo que revele su contenido, podría insuflar más fuerza a la investigación de la que muchos troles quizás piensan de que no pasará a más, pues si pasa a más, estaría exponiendo ante los costarricenses un catálogo de delitos, quizás de los mismos troles, pero sobre todo de los funcionarios públicos que se vean involucrados, para ser examinado con lupa.

No es secreto que ha sido fuerte la campaña para debilitar la estatura moral del conocido trol (Alberto Vargas), pero lo cierto es que esta persona ha expuesto y denunciado una estructura que en apariencia ha sido construida para manipular la opinión pública de los costarricenses, viciada adrede.

Delito de prevaricato: ¿por qué es importante analizarlo en este contexto?

Este delito consistente en que un funcionario judicial o administrativo dicta resoluciones contrarias a la ley o las funda en hechos falsos. En el prevaricato “[l]a acción típica consiste en dictar resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos; el bien jurídico tutelado es el deber de probidad en la función pública y la conducta típica recae directamente sobre la legalidad y veracidad de las resoluciones, sentencias, autos, providencias y decisiones finales que afecten derechos e intereses de los administrados.

Es un delito de “propia mano”, es decir, la acción la lleva a cabo directamente el funcionario judicial o administrativo que dicta la resolución, el cual actúa con dolo directo, que es el elemento subjetivo del tipo y el cual se consuma al momento de dictar el fallo o emitir la decisión final contraria a derecho o sustentada en hechos falsos”. (Sentencia de la Sala Tercera, nº 881 de 09:54 h de 12 de julio de 2013). || Delito consiste en que un funcionario público falta, a sabiendas o por ignorancia injustificable, a los deberes de su puesto. || En algunas legislaciones, delito que comete el juez o magistrado que, a sabiendas, dicta sentencias o emite resoluciones contrarias a la ley.

Así lo aclara el diccionario jurídico del Poder Judicial.

Por lo que el reiterado mensaje de algunas figuras políticas y troles que señalan a la supuesta “prensa de canalla” por dar voz a Piero Calandrelli, puede ser una señal de alerta, querer esconder un posible acto de corrupción que debe ser investigado. Ya que, si bien Piero es también un trol, es evidente que lo que ha denunciado es grave y debe ser investigado por las autoridades muy pronto y los involucrados llevados ante la justicia en sede judicial.

¿Por qué es importante analizar el mensaje de Piero que la prensa masiva intenta acallar?

Es función de la prensa en general realizar control político, para ello es importante preguntar a los funcionarios públicos sin limitaciones, puesto que es información necesaria para la formación de la opinión pública no sesgada de los costarricenses y el necesario desempeño del pluralismo político, contrario a lo que estaría ocurriendo de comprobarse la estructura denunciada por Piero, en donde se intentaría manipular a la opinión pública.

De modo que, cuando un funcionario evita dichas entrevistas o trata de atacar a la prensa por las preguntas que hace, puede tratarse de una forma de quitarle fuerza a una investigación, para tratar de evitar que dicha estructura, o lo que sea que suceda detrás de lo denunciado por el trol Piero, sea dado a conocer a los costarricenses.

El derecho a la información es protegido constitucionalmente, además, es derecho de toda persona acogerse al derecho de respuesta. Es realmente preocupante que se lleven a cabo estrategias para confrontar a unos con otros, periodistas contra periodistas, funcionarios contra funcionarios, funcionarios contra periodistas, toda clase de situaciones que distraen de lo que verdaderamente importa: conocer si lo que denuncia el trol, por más que sea una figura que causa reacciones adversas, es una estructura de manipulación, de qué se trata esa estructura que denuncia y todo lo que implica para Costa Rica su existencia.

Hoy en día existen diversas formas de saber si esos troles que tratan de evitar que el trol Piero exponga sus denuncias, han realizado o no diversas acciones cuestionables que van a ser relevantes en la investigación. Quizás muchos de ellos desconocen qué es una huella digital y cómo incluso los movimientos pueden ser monitoreados por las radiobases de telefonía celular a las que se conectó su dispositivo móvil mientras estaba en movimiento. De cualquier forma, habrá unos que quizás sí lo sepan y será necesario que los investigadores judiciales desplieguen todo su conocimiento para rastrearlos y exponerlos.

¿Y qué con la comparecencia en la Asamblea Legislativa?

En fin, a esto es importante sumarle a esta discusión que las pruebas y todo lo que se ventila en la Asamblea Legislativa, solo sirve para generar una recomendación, una noticia del crimen al Ministerio Público para que inicie una investigación, pero será el Poder Judicial con pruebas en mano quien pueda llevar a los involucrados ante un tribunal. Nadie más. Pues, depende de ese Ministerio que este caso avance o no, al final de cuentas, sin perjuicio del control ciudadano que se ejerza de hoy en adelante en este tema, lo que va a ser vital, precisamente por lo que ya se señaló: que existe un grupo de troles, que justamente intenta acallar al trol Piero, por alguna razón que en apariencia puede ser turbia: evitar que se revele la estructura que se denuncia de manipulación de la opinión pública y los implicados.

Si bien existe aparente intención de troles y políticos, gente con poder, de querer manipular el caso, y pese a que sabemos que existe una esfera subjetiva de vida cotidiana de los funcionarios judiciales en los que se exponen a la opinión pública que pretende que actúen contrario a derecho, confiamos en que el Poder Judicial, específicamente, quienes deben intervenir por ley en el proceso (investigación principalmente en este momento), actuarán acorde a derecho, o sea, haciendo alarde de un profesionalismo digno de una democracia, y además, quienes administran la justica, no van a permitir intromisiones de ningún tipo en su labor.

Bajo esa premisa, estamos seguros de que los troles no van a poder afectar a las decisiones judiciales, pese a la opinión pública, al parecer sesgada, que intentan enturbiar dichos troles.

Por tanto, confiamos en que no van a poder influir bajo ninguna circunstancia.

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