La violencia contra las mujeres es objeto de preocupación y su erradicación constituye un compromiso nacional frente a los mandatos de la Convención Belém do Pará y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
La Convención Belém do Pará nos recuerda que la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su condición y afecta negativamente sus propias bases. Deja claro que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.
En cumplimiento al mandato convencional, mediante la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres ley Nº 8589 del año 2007 Costa Rica define de una forma restrictiva el femicidio, siendo este la forma de violencia extrema contra las mujeres. En el año 2021, el país avanza y modifica la Ley 8589 con la aprobación de dos artículos que vienen a integrar y mejorar el articulado.
Con la aprobación no solo de esta ley, sino de muchas otras en contra de la violencia hacia las mujeres, se vislumbra un camino positivo. No obstante, en la práctica falta mayor seguridad para todas las mujeres. Podemos afirmar que hasta ahora los intentos por implementar estrategias que disminuyan la muerte de las mujeres por violencia de género no han dado los frutos deseados.
Al 24 de octubre del presente año han muerto 131 mujeres, víctimas de femicidio, mujeres que hoy ven truncada su vida. Hijos e hijas que no volverán a ver a sus madres, algunos de ellos quedan o no a cargo de otros familiares en el mejor de los casos, que viven el dolor y la incertidumbre en sus vidas y en su futuro. Estas mujeres a las que les arrebataron sus vidas dejan diecisiete personas menores de edad. Hablamos este año de 13 mujeres víctimas de femicidio, pero aún poden ser más, porque faltan 17 mujeres fallecidas, cuya muerte está pendiente de ser clasificada por el Poder Judicial y la Subcomisión Interinstitucional de Prevención del femicidio.
El Estado y sus agentes deben de forma obligatoria actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres y no discriminación contra la mujer. Este llamado a la institucionalidad de ser garante del derecho a la vida libre de violencia, debe complementarse con un llamado a la ciudadanía para que no permanezcan insensibles frente al riesgo de las víctimas, de manera tal que puedan denunciarlo a la línea 9-1-1. La Defensoría hace un llamado general en esta época de fiestas que se aproximan a todas las personas para que estemos vigilantes y denunciar la violencia que ocurre en nuestros hogares y en nuestras comunidades.
Hoy no son 13 mujeres las que nos faltan, son 14, hoy Shantell ya no está con nosotras. ¡Ni una más!
Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!
