Un vecino de Puriscal identificado como Don César, quien posee un carné de discapacidad debido a la amputación de una extremidad inferior, ha recordado a los funcionarios del Poder Judicial que también están sujetos a la ley y deben cumplir con la Ley 7600.
Este caso expone dos realidades: por un lado, ningún costarricense puede alegar desconocimiento de la ley; por otro, la corrupción y los conflictos de interés surgen cuando un funcionario, cuyo deber es hacer cumplir la normativa, decide no actuar pese a la obligación legal de hacerlo. Además, los empleados públicos tienen el deber de denunciar cualquier irregularidad dentro de sus instituciones, incluyendo a sus compañeros y superiores. En este caso el vehiculo pertenece a un juez, este hecho se presentó en diciembre pasado, el ciudadano denunció en el Inspección Judicial.
La obstrucción del paso peatonal es una problemática evidente, lo que hace indispensable el cumplimiento de la ley para garantizar la paz social. En este contexto, las autoridades de tránsito también tienen un rol fundamental en la preservación de espacios adecuados para la movilidad de personas con discapacidad, incluyendo la correcta señalización y mantenimiento de áreas destinadas a este sector de la población.
Casos como el de Don César reflejan la necesidad de una ciudadanía activa en la vigilancia de los derechos y el correcto desempeño de los funcionarios públicos. El Poder Judicial y todas las instituciones del Estado deben ser ejemplo de legalidad y accesibilidad para la sociedad.
En este caso, el tema de grabar en una institucion pública requiere de analisis, dado que el ciudadano esta realizando una denuncia sobre la conducta de un funcionario público.
Denunciar es un derecho ciudadano. Si tiene evidencia de alguna irregularidad, puede enviarnos su video denuncia al WhatsApp 6334-5121.