El reciente fallo de la Sala Constitucional respecto a los contratos entre la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y la farmacéutica Pfizer ha dejado un sabor amargo en la ciudadanía. Lo que debería ser un ejercicio elemental de transparencia en una democracia se ha convertido en un laberinto de tecnicismos legales que ocultan lo más importante: la responsabilidad.
El abogado Arcelio Hernández ha puesto bajo la lupa el proceder del Estado en este proceso. Sus cuestionamientos ante las acciones públicas sugieren un posible conflicto de intereses entre funcionarios públicos —obligados a actuar bajo el principio de legalidad— y acciones que parecen favorecer desmedidamente a intereses privados. Esta dinámica evoca esquemas de corrupción sistemática, como el caso Odebrecht, donde la función pública fue instrumentalizada por estructuras organizadas. Ante lo que podría ser una estrategia de manipulación mediática para facilitar el saqueo de recursos, el ciudadano tiene no solo el derecho, sino el deber de cuestionar: ¿a quién sirven realmente nuestras instituciones?
Así se expuso en OPA.
1. La Transparencia a Medias
Aunque la Sala IV ordenó a la CNE aclarar la vigencia de la confidencialidad de los contratos en un plazo de 8 días, el fallo se queda corto. Es, en esencia, una victoria pírrica para el derecho a la información.
- Lo que sabremos: Cuándo caduca el secreto.
- Lo que nos siguen ocultando: Las cláusulas de responsabilidad civil y penal por efectos adversos.
¿Por qué el Estado costarricense acepta condiciones donde el ciudadano asume el riesgo de salud, pero la empresa y el gobierno se reservan el derecho de no rendir cuentas? Como bien señaló el magistrado Cruz en su salvamento de voto, el reclamo debió acogerse en su totalidad. El acceso a la salud y a la vida no puede estar supeditado a convenios privados de confidencialidad.
2. El Silencio del Ejecutivo: ¿Un cambio de postura?
Resulta imperativo cuestionar el giro de timón en la retórica del presidente Rodrigo Chaves antes de abandonar el cargo. Tras meses de un discurso confrontativo contra las estructuras de poder y las decisiones de administraciones pasadas, surge una duda razonable:
¿Por qué cesaron los cuestionamientos frontales a los contratos de Pfizer tras la inauguración de las nuevas oficinas de la farmacéutica en Costa Rica? La óptica de este acercamiento corporativo, en medio de una batalla legal por la transparencia de fondos públicos, sugiere un posible conflicto de intereses que el Ejecutivo debe aclarar. No se puede clamar por «limpiar la casa» y, al mismo tiempo, brindar alfombra roja a quienes mantienen bajo llave la información financiera y legal de las vacunas.
3. El Derecho a Saber
Costa Rica no solo merece saber cuánto se pagó, sino quién responde si algo sale mal. La opacidad de Pfizer, respaldada por la reticencia de la CNE y la tibieza de la mayoría de los magistrados, crea un precedente peligroso: el mercado por encima del derecho constitucional.
Si los fondos son públicos y el impacto es sobre la salud pública, el contrato debe ser público. La rendición de cuentas no es una opción, es una obligación de los funcionarios que firmaron y de quienes hoy, desde el poder, deciden callar.
El el siguiente enlace, encontrarás un libreo en pdf y un audio-libro sobre lo que podríamos estar enfrentando los ciudadanos, la participación de sicarios económicos y posibles acciones que puede tomar la ciudadanía para llevar consecuencias al crimen organizado infiltrado en los poderes del estado.