Costa Rica | El Ministerio de Salud de Costa Rica ha identificado el enclave de extracción minera en Crucitas, ubicado en el distrito de Cutris del cantón de San Carlos, como el principal foco de transmisión activa de malaria en el país. Esta zona concentra el 88% de los contagios locales, según el informe epidemiológico oficial.
La actividad minera no regulada en la Región Huetar Norte contribuye a la circulación continua del parásito en campamentos informales, lo que representa un obstáculo para la estrategia nacional de erradicación de la enfermedad. El Boletín Epidemiológico N° 37 de 2026 indica que la Región Huetar Norte acumula el 78% del total de casos de malaria en Costa Rica. Específicamente, el foco entre Crucitas y Llano Verde registró 34 infecciones de transmisión local en la semana epidemiológica 37, con 19 casos autóctonos y 15 introducidos. Desde 2017, este punto limítrofe ha registrado más de 1.800 contagios, impulsados por la falta de saneamiento y las excavaciones a cielo abierto.
El riesgo de malaria en estos entornos mineros informales se debe a la alteración del ecosistema y las condiciones de vida precarias. Las excavaciones a cielo abierto, la tala de vegetación y las zanjas abandonadas acumulan agua estancada, creando criaderos para el mosquito Anopheles, transmisor del parásito Plasmodium. Además, los mineros suelen trabajar durante la noche y la madrugada, horario de mayor actividad del insecto. La ausencia de viviendas adecuadas, el uso de campamentos improvisados sin mosquiteros y la falta de saneamiento básico aumentan la exposición al mosquito.
La movilidad transfronteriza entre Costa Rica y Nicaragua agrava el ciclo infeccioso. El constante desplazamiento de trabajadores informales dificulta el seguimiento médico y el diagnóstico oportuno. El 98% de los 49 casos importados detectados en el informe oficial tenían antecedentes de exposición en Nicaragua, con traslados frecuentes a los yacimientos de San Carlos.
La explotación aurífera en la frontera también ha generado una emergencia ambiental y de salud pública. Las redes de minería ilegal vierten sustancias químicas tóxicas, como cianuro, en los cursos de agua. En operativos recientes, las fuerzas de seguridad decomisaron y destruyeron 16 toneladas de cianuro en planteles clandestinos. Los análisis del Ministerio de Salud revelaron niveles de mercurio en fuentes de agua potable que exceden el límite máximo admisible de 0,001 miligramos por litro. Esta contaminación llevó al Gobierno de Costa Rica a decretar Emergencia Nacional el 15 de marzo de 2023 en las comunidades de Crucitas, El Roble, Chamorro, Chorreras, Llano Verde y El Jocote. Para contrarrestar la imposibilidad de consumir agua de los acueductos locales, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) suministra agua segura mediante camiones cisterna. Mientras tanto, la Dirección de Vigilancia de la Salud continúa con las intervenciones de diagnóstico rápido, distribución de medicamentos antimaláricos y control de vectores en la Región Huetar Norte.
Fuente: Infobae
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