ESTIMADO LECTOR
La infiltración del crimen organizado y del narcotráfico en las estructuras sociales de Costa Rica es una realidad que exige atención. El periodismo no puede asumirse, por principio, ajeno a ese riesgo. Tampoco deberían quedar fuera del escrutinio los conflictos de intereses que puedan beneficiar a determinadas empresas de comunicación, ni aquellas prácticas sutiles de discriminación sistemática capaces de limitar quién accede a la información, quién puede difundirla y en qué condiciones. Todo ello merece observación, cuestionamiento e investigación.
También resulta preocupante la distorsión del concepto mismo de periodismo. El periodismo no puede reducirse a una credencial, a un título académico o a la pertenencia a determinada estructura profesional. Su ejercicio está íntimamente ligado a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, reconocidas como derechos fundamentales.
Por eso ensordece el silencio de quienes deberían levantar la voz y tienen frente a sí las rotativas, las cámaras y los micrófonos. Y preocupa todavía más cuando buena parte del ecosistema informativo mantiene relaciones comerciales mediante venta de publicidad y, en muchos casos, recibe recursos provenientes de fondos públicos aportados por los costarricenses. Donde existe poder económico, institucional o político alrededor de la información, el escrutinio debe aumentar, no disminuir.
La enorme diversidad de métodos utilizados por las instituciones para emitir comunicados evidencia otro problema: la incapacidad —o falta de voluntad— para establecer estándares que permitan a toda la sociedad acceder a la información pública sin obstáculos innecesarios.
Todavía existen oficinas de prensa que no entregan de manera abierta y ordenada un comunicado acompañado de sus fotografías, audios, documentos y videos originales. En su lugar, distribuyen materiales mediante sistemas fragmentados, enlaces temporales, plataformas de terceros o formatos concebidos principalmente para redes sociales. Para un medio independiente con pocos recursos, esto significa invertir tiempo y capacidad técnica en recuperar, descargar, convertir, ordenar y verificar materiales que deberían haber sido accesibles desde el principio.
Y surge entonces una pregunta inevitable: ¿estamos recibiendo prensa o propaganda?
Cuando un comunicado institucional incorpora interpretación, opinión, calificativos o construcciones destinadas a conducir al receptor hacia determinada conclusión, deja de ser suficiente reproducirlo. El lector debe conocer qué afirmó la institución, cuáles son los hechos comprobables y qué parte corresponde a interpretación. Será finalmente el ciudadano quien decida qué creer, pero para decidir necesita información, contraste y acceso a las fuentes.
Por esa razón trabajamos en desarrollar mecanismos de observación ciudadana para quien desea formarse un criterio propio; para quien quiere comparar una noticia con el comunicado que le dio origen; para quien quiere leer la fuente antes de aceptar la interpretación; y para quien desea aprender a distinguir entre información, opinión, publicidad y propaganda.
Esa tarea no debería depender exclusivamente de las redes sociales.
Los recursos públicos destinados a informar a la ciudadanía no deberían terminar condicionando el acceso a perfiles administrados dentro de plataformas extranjeras. Tampoco debería obligarse a medios digitales, periodistas o ciudadanos a utilizar determinados servicios comerciales, cuentas gratuitas, redes sociales o sistemas privados para obtener materiales producidos con recursos públicos.
La ausencia de conocimientos técnicos en una parte del ecosistema de prensa también se ha vuelto evidente. En pleno siglo XXI, publicar información no debería significar simplemente colocar un enlace en una red social y esperar que una corporación extranjera se encargue de distribuirla.
Las instituciones deberían disponer de plataformas propias, abiertas y accesibles para garantizar la disponibilidad de su información. El acceso a información de interés público no debería descansar exclusivamente sobre servidores y plataformas extranjeras capaces de modificar unilateralmente sus condiciones de servicio, restringir contenidos, suspender cuentas o alterar los mecanismos mediante los cuales una publicación alcanza a la ciudadanía.
Mucho menos deberíamos entregarles, por comodidad, la función de convertirse en árbitros de nuestra conversación pública mientras esas mismas plataformas enfrentan enormes dificultades para contener redes coordinadas, cuentas falsas, granjas de troles y operaciones destinadas a manipular la opinión pública, incluso desde fuera de nuestras fronteras.
La tecnología cambió. El periodismo cambió. La propaganda cambió. También cambiaron las herramientas para manipular una sociedad.
Lo que no puede cambiar es la obligación del ciudadano de preguntar, contrastar, desconfiar razonablemente, verificar y construir su propio criterio.
Por eso nuestra recomendación al lector seguirá siendo incómoda: escoja la puerta angosta, porque la ancha conduce a la perdición; y maldito el hombre que confía en el hombre.
No entregue ciegamente su criterio a un periodista, a un medio, a una institución, a un político, a un creador de contenido, a un algoritmo ni tampoco a nosotros.
Compruebe. Compare. Pregunte. Dude. Lea la fuente.
Lo ocurrido en países vecinos durante las últimas décadas debería bastar para recordarnos que ninguna sociedad está vacunada contra la corrupción, el crimen organizado, la propaganda, la concentración del poder ni la manipulación de la opinión pública.
Costa Rica tampoco.
Y cuando una sociedad finalmente descubre hasta dónde penetró aquello que durante años prefirió no mirar, puede ser demasiado tarde para preguntarse por qué nadie levantó la voz.
Opinión de Gerardo Ledezma | CRprensa.com | Costa Rica Prensa