El dirigente social y agricultor Célimo Guido Cruz presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra Jorge Torres Carrillo, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), por una serie de presuntos delitos vinculados a una denuncia previa relacionada con el Movimiento Rescate Nacional.
Según el documento presentado el 20 de enero de 2026, Guido acusa a Torres Carrillo de denuncia calumniosa, peculado, hostigamiento agravado por discriminación por ideología política, coacción, intimidación pública, captación indebida de manifestaciones verbales y divulgación de secretos, delitos que, afirma, se habrían cometido en su perjuicio y en perjuicio de otros integrantes del movimiento ciudadano.
La denuncia surge a raíz de una actuación del director de la DIS, quien acudió al Ministerio Público y posteriormente a los medios de comunicación para alertar sobre un supuesto complot para atentar contra el presidente de la República y alterar el orden constitucional. En ese contexto, Torres Carrillo habría señalado a Guido y a otros miembros del Movimiento Rescate Nacional como parte de una presunta conspiración, incluyendo la afirmación de que Guido sería designado “dictador por 18 días”.
De acuerdo con la versión del denunciante, las acusaciones se basaron en un audio parcial y descontextualizado de una reunión realizada el 13 de enero de 2026 en el Centro Agrícola de Escazú, en la que participaron líderes del sector agropecuario. Guido sostiene que la reunión tuvo fines cívicos y políticos legítimos, relacionados con el análisis del impacto del sector agro en el proceso electoral y con la defensa de intereses agrícolas, y que las expresiones utilizadas como base de la denuncia fueron dichas en tono de broma y fuera de contexto.
En el escrito se afirma que el director de la DIS reconoció públicamente que no existió una investigación técnica completa antes de presentar la denuncia y que, aun así, solicitó medidas cautelares como la privación de libertad y prisión preventiva contra los señalados. Además, se cuestiona el uso de recursos públicos y la exposición mediática del caso, a pocos días de las elecciones nacionales, como una forma de intimidación y persecución política.
La denuncia también plantea dudas sobre el origen del audio utilizado, señalando la posibilidad de una grabación realizada sin consentimiento, y cuestiona la divulgación pública de información que, por la naturaleza del cargo del denunciado, debía mantenerse bajo reserva.
Como parte de sus peticiones, Guido solicitó que Torres Carrillo sea llamado a declarar en condición de imputado, que se le impongan medidas cautelares —incluido el impedimento de salida del país y la prohibición de acercarse a los afectados— y que, de acreditarse los hechos, se ordene su suspensión del cargo. Asimismo, pidió ser reconocido como víctima dentro del proceso y anunció que ejercerá acciones penales y civiles correspondientes.
El Ministerio Público deberá ahora valorar la denuncia y definir si procede la apertura de una investigación formal sobre los hechos expuestos.
