La Comisión de Seguridad dictaminó positivamente una reforma al artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito que busca endurecer las penas contra funcionarios públicos que favorezcan al narcotráfico mediante el delito de tráfico de influencias.
La propuesta pretende reforzar el marco legal para combatir la infiltración del crimen organizado en las instituciones del Estado, estableciendo sanciones más severas para quienes, desde cargos públicos, intervengan directa o indirectamente para beneficiar estructuras vinculadas al narcotráfico.
Según lo discutido en comisión, el objetivo es cerrar portillos legales y enviar una señal clara de que el uso del poder público para facilitar contratos, trámites, nombramientos u otras gestiones en favor de organizaciones criminales tendrá consecuencias más contundentes.
Los legisladores que respaldaron el dictamen señalaron que el país enfrenta un escenario complejo en materia de seguridad y que resulta indispensable fortalecer las herramientas jurídicas para sancionar no solo a quienes integran las redes delictivas, sino también a quienes las apoyan desde dentro del aparato estatal.
El proyecto deberá continuar ahora su trámite en el Plenario Legislativo, donde será sometido a debate y votación en primer y segundo debate antes de una eventual aprobación definitiva.
