Representantes de la Defensa Pública y abogados penalistas manifestaron este jueves su preocupación por el impacto que tendría una reforma constitucional que pretende modificar el artículo 36 de la Constitución Política.
Según expusieron, el cambio propuesto podría debilitar garantías fundamentales vinculadas al debido proceso y al derecho de defensa, pilares del sistema democrático y del equilibrio entre el poder del Estado y los derechos individuales.
Los expertos señalaron que cualquier modificación a normas de rango constitucional debe analizarse con rigor técnico y amplio debate, ya que sus efectos trascienden coyunturas políticas y pueden incidir directamente en la protección de los derechos fundamentales de las personas sometidas a procesos judiciales.
Advirtieron además que alterar el alcance del artículo 36 podría generar interpretaciones restrictivas en materia penal, con posibles consecuencias en la práctica judicial y en la actuación de jueces, fiscales y defensores públicos.
Los representantes insistieron en que una reforma de esta naturaleza requiere estudios de impacto, consulta a especialistas y discusión transparente, a fin de evitar retrocesos en garantías consolidadas en el ordenamiento jurídico costarricense.
El proyecto continúa su trámite legislativo.
