La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una operación militar ejecutada por fuerzas de Estados Unidos el 3 de enero de 2026, ha abierto un escenario político y jurídico sin precedentes en la región. Autoridades estadounidenses y medios internacionales confirmaron que Maduro fue detenido en Caracas y posteriormente trasladado por vía aérea a la ciudad de Nueva York. Junto a él también fue detenida su esposa, Cilia Flores, quien enfrenta cargos federales en el mismo proceso.
Según los reportes oficiales, la operación incluyó incursiones militares en distintos puntos estratégicos de Venezuela. Tras su detención, Maduro fue presentado ante un tribunal federal en Nueva York para responder a acusaciones relacionadas con narcotráfico, conspiración y delitos vinculados a organizaciones criminales. En su primera comparecencia, el mandatario venezolano se declaró no culpable de los cargos. Su equipo de defensa anunció que planteará objeciones formales respecto a la legalidad del procedimiento de captura y traslado, alegando vulneraciones a la inmunidad y soberanía venezolana.
El gobierno de Venezuela denunció públicamente que la captura constituye una violación directa del derecho internacional y de su soberanía territorial. Las fuerzas armadas venezolanas emitieron comunicados en los que atribuyen la operación a una intervención militar extranjera. Posteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia anunció la juramentación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada, argumentando la necesidad de garantizar la continuidad institucional durante la detención del mandatario.
En el ámbito judicial estadounidense, el caso ha sido asumido por tribunales federales que ya mantenían procesos abiertos vinculados a investigaciones sobre presuntas estructuras de narcotráfico y delitos relacionados. Las autoridades estadounidenses afirman que la evidencia acumulada se remonta a varios años de seguimiento e incluye acusaciones formales previas contra el mandatario venezolano y figuras cercanas a su administración.
La captura ha generado amplias reacciones en la comunidad internacional. Algunos gobiernos y organismos multilaterales han expresado preocupación por las implicaciones diplomáticas y legales del uso de una operación militar en territorio extranjero para detener a un jefe de Estado en funciones. Otros actores políticos se han limitado a dar seguimiento al proceso judicial y a la evolución de la situación interna venezolana.
En Venezuela, la coyuntura ha profundizado el clima de tensión política. Sectores institucionales han respaldado la continuidad del gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, mientras se mantiene la postura oficial de rechazo a la intervención extranjera y exigencia de liberación del mandatario detenido. Al mismo tiempo, gobiernos de la región evalúan los efectos que este hecho pueda tener en la estabilidad política y económica del país sudamericano y en la dinámica geopolítica continental.
El proceso judicial contra Nicolás Maduro continuará desarrollándose en tribunales federales de Estados Unidos, donde se determinará la validez de las acusaciones y la respuesta a los recursos legales que presente su defensa. En paralelo, el escenario político venezolano permanece en desarrollo y sujeto a nuevas definiciones institucionales y diplomáticas derivadas de la detención del mandatario.
