Denuncian irregularidades en recurso del caso Papagayo

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El abogado Frank Paniagua Mendoza denunció esta tarde ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia presuntas irregularidades en un recurso de casación relacionado con el caso Papagayo.

Según Paniagua, el recurso presentado por North Peninsula Holding Ltd., con sello de recibido del 10 de julio de 2024, en realidad habría ingresado hasta este 2025, lo que podría constituir falsedad ideológica y fraude procesal.

El denunciante asegura que ofreció como prueba un video de la recepción de documentos, pero la Sala Primera rechazó su admisión bajo el argumento de que “como el sello existe, no amerita prueba en contrario”.

Paniagua hace un llamado a que se investigue el hecho, se admita la prueba y se evite que prácticas fraudulentas comprometan la credibilidad del Poder Judicial.

Manteniendo nuestra Línea Editorial, confirmamos que el siguiente comunicado es fiel y literal al recibido por el medio.


COMUNICADO PÚBLICO y al
Señor Dr. Luis Guillermo Rivas Loaiciga
Presidente de la Sala Primera
Corte Suprema de Justicia de Costa Rica

De mi mayor consideración:

Por este medio pongo en conocimiento suyo y de la opinión pública una situación sumamente grave que afecta directamente la transparencia y la credibilidad de la justicia costarricense.

El señor Karim Jamal Alibhai, en su condición de presidente de North Peninsula Holding Ltd. (NPH Ltd.), presentó un recurso de casación ante la Sala Primera con un sello de recibido fechado el 10 de julio de 2024. Sin embargo, la realidad procesal demuestra que dicho recurso no fue presentado en esa fecha, pues la propia Sala Primera hasta este año 2025 solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo el envío del expediente para conocer del mismo.

Es evidente, entonces, que existe una discordancia temporal entre la fecha del sello y la fecha real de presentación del recurso, lo que constituye una posible falsedad ideológica y fraude procesal en los términos de los artículos 2.3, 5 y 6 del Código Procesal Civil, que obligan a todo juez y magistrado a investigar de oficio cualquier indicio de fraude, nulidad o abuso del proceso.

Ante este hecho, objeté formalmente la validez del sello de recibido, ofreciendo como prueba el video de la sala de recepción de documentos de la Sala Primera, en el que quedaría acreditada la fecha y circunstancia real de presentación del recurso.

No obstante, la Sala Primera rechazó mi ofrecimiento de prueba, bajo el argumento de que “como el sello existe, no amerita prueba en contrario”. Esta motivación es jurídicamente inaceptable, pues parte de una petición de principio: da por verdadero el sello cuando precisamente lo que está en discusión es la falsedad de su contenido.

El razonamiento judicial equivale a blindar cualquier sello administrativo, aun cuando exista indicio de falsedad, lo que deja indefensos a los ciudadanos y abre la puerta a la manipulación procesal.

Señor Presidente, la obligación constitucional y legal de los jueces es la búsqueda de la verdad material y no la complacencia con fraudes procesales de poderosos intereses económicos. La justicia no puede convertirse en un escenario donde el simple estampado de un sello tenga mayor valor que la prueba objetiva de un video.

Ya estoy harto de la ilegalidad recurrente y de la complicidad de funcionarios con Karim Jamal Alibhai en todas las causas relacionadas con el caso Papagayo. No se trata de un error aislado, sino de un patrón perverso y malicioso que erosiona la legitimidad del Poder Judicial y deja al pueblo costarricense sin confianza en sus jueces.

Por lo anterior, hago un llamado público y respetuoso a la Sala Primera y a su Presidencia para que:

  1. Se investigue de oficio la posible falsedad en el sello de recibido del recurso de casación interpuesto por North Peninsula Holding Ltd.
  2. Se reconsidere la admisión de la prueba de video, la cual resulta idónea, pertinente y necesaria para dilucidar la verdad.
  3. Se garantice que los recursos procesales no se manipulen con falsedades ideológicas que lesionan el principio de legalidad y la tutela judicial efectiva.

El país merece un Poder Judicial que no se someta a intereses privados ni legitime, por acción u omisión, prácticas fraudulentas en procesos de altísima trascendencia pública como lo es el caso Papagayo.

Atentamente,

Frank Paniagua Mendoza