La advertencia del ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, sobre el crecimiento de actividades ilegales en Crucitas encendió el debate en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Legisladores cuestionaron la respuesta del Gobierno ante lo que califican como una expansión alarmante del problema.
Según lo expuesto por el jerarca del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, el área afectada por actividades ilícitas pasó de 900 a 3.000 hectáreas en la zona de Crucitas, en el cantón de San Carlos.
El aumento en la superficie impactada ha generado preocupación por la presencia de minería ilegal, daños ambientales y el fortalecimiento de estructuras vinculadas a economías ilícitas en la frontera norte.
Diputados señalaron que el crecimiento de la actividad irregular evidencia una falta de control sostenido en el territorio y pidieron explicaciones sobre las estrategias implementadas para contener la expansión.
Algunos legisladores afirmaron que las acciones ejecutadas hasta ahora no han sido suficientes y advirtieron que la situación podría agravarse si no se refuerza la presencia policial y la coordinación interinstitucional.
Durante la discusión, se insistió en la necesidad de un plan integral que combine seguridad, control ambiental y seguimiento judicial para frenar el avance de las actividades ilegales.
El tema vuelve a colocar a Crucitas en el centro del debate nacional, en un contexto donde el impacto ambiental y el orden público convergen como desafíos urgentes para el Estado.
Los diputados anunciaron que darán seguimiento al caso y podrían convocar a nuevas comparecencias para conocer acciones específicas y resultados medibles en el corto plazo.
