La Fiscalía Adjunta de Heredia solicitará medidas cautelares en contra de 12 sospechosos de pertenecer a una banda vinculada con los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, violación, corrupción de persona menor de edad, seducción, tenencia de material con contenido de abuso sexual infantil, tráfico ilícito de migrantes y legitimación de capitales.
La petición se realizará ante el Juzgado Penal de la provincia, sin embargo, aún no se ha programado una hora para la audiencia.
Se trata de Cen, Montoya Membreño, Jara Hernández, Pérez Nicaragua, Ramírez Carballo, Fallas Villalobos, Brenes Vargas, Ugarte Urbina, Valverde Sánchez, Salgado Álvarez, Portuguez Camacho y Sun Seng. El último se encontraba en fuga, sin embargo, esta mañana se presentó a los Tribunales de Justicia, por lo que se ordenó su captura.
A esta lista se suman tres personas de 13, 15 y 18 años (se presume que esta última participó en los hechos cuando aún no había cumplido la mayoría de edad), quienes también deben enfrentar una audiencia ante el Juzgado Penal Juvenil.
En cuanto a las otras personas detenidas que se reportaron, el despacho informó que su captura era necesaria para el decomiso de prueba, la cual ahora debe ser analizada. En ese sentido, se valoró la situación jurídica de cada uno de los sospechosos y se determinó que, por ahora, pueden continuar apegados al proceso sin la necesidad de cumplir medidas cautelares.
Las capturas de los sospechosos se efectuaron ayer, durante 17 allanamientos que se encuentran en desarrollo en Filadelfia, Playas del Coco, Moravia, Desamparados, Alajuelita, Heredia, Cartago y San Ramón, donde también se busca prueba electrónica y física para incluir al caso.
Durante los operativos, también se decomisó prueba de interés para el desarrollo del caso, el cual se tramita dentro del expediente 24-009336-0059-PE.
El caso. El despacho inició la investigación en diciembre del 2024, luego de que ingresara una denuncia por la desaparición de una joven de 14 años. Tras las diligencias realizadas en ese momento, se logró obtener evidencia que hacía presumir que la ofendida había sido víctima de una red que se dedicaba a la explotación sexual de niñas y adolescentes.
De esa manera, se logró identificar que las estructura estaba conformada por dos líderes, uno de nacionalidad extranjera y una menor de edad, quienes, al parecer, distribuían funciones para que los otros sospechosos se dedicaran a captar y trasladar a las víctimas desde Heredia y otros puntos de San José, hasta Playas del Coco.
En esa zona del país, el grupo tenía una casa donde, en apariencia, realizaba fiestas y otras actividades, en las cuales, presuntamente, se cometían delitos sexuales en perjuicio de las ofendidas.
Se cree que el grupo recibía montos entre los ₡250.000 y ₡500.000 por cada una de las víctimas, quienes, en su mayoría, son personas en estado de vulnerabilidad y riesgo social.
Durante esta fase de investigación, las autoridades también ubicaron prueba que hace creer que esta organización vendía material con contenido de abuso sexual por medio de redes sociales.
