La escalada militar en el Caribe ha adquirido una dimensión inédita tras la confirmación oficial del despliegue de unidades de la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela. La operación, ordenada por el Departamento de Defensa, incluye la presencia del portaaviones USS George Washington, destructores de la clase Arleigh Burke y vuelos de bombarderos supersónicos B-1 Lancer en rutas cercanas al espacio aéreo venezolano, según reportes verificados de la agencia Associated Press y el Wall Street Journal.
El Pentágono ha declarado que el despliegue forma parte de una ofensiva contra redes de narcotráfico y contrabando de armas en la región, en el marco de la estrategia denominada Enhanced Caribbean Security Initiative. Sin embargo, expertos en defensa y seguridad regional consultados por medios internacionales coinciden en que el movimiento también tiene una intención geopolítica dirigida al gobierno de Nicolás Maduro.
El exdirector de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Juan González, declaró al The Guardian que el despliegue “aumenta el riesgo de una confrontación militar real”, advirtiendo que “Venezuela representa un escenario más complejo que cualquier intervención estadounidense reciente”. Por su parte, Adam Isacson, especialista en política de defensa del Washington Office on Latin America (WOLA), señaló que “la magnitud del movimiento naval no se justifica por las cifras reales del tráfico de drogas, sino por el objetivo político de presión sobre el régimen venezolano”.
El análisis técnico del Center for Strategic and International Studies (CSIS), firmado por Ryan C. Berg y Henry Ziemer, sostiene que la fuerza desplegada “no alcanza todavía el nivel operativo de una intervención directa”, pero “constituye una clara demostración de poder frente a un régimen considerado hostil a los intereses de Washington”. Este informe detalla que la Armada estadounidense ha incrementado vuelos de reconocimiento desde Puerto Rico y Curazao, y que unidades especiales conocidas como los 160th Night Stalkers han sido detectadas en bases caribeñas realizando operaciones de entrenamiento conjunto.
En Caracas, el gobierno de Maduro calificó los movimientos estadounidenses como “una provocación de carácter imperialista” y ordenó la movilización inmediata de la Milicia Bolivariana y el refuerzo de las zonas de defensa integral costeras. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, confirmó la realización de ejercicios militares con fuego real en el oriente del país y denunció ante la Organización de las Naciones Unidas que “Estados Unidos busca crear un falso positivo militar para justificar una intervención”.
La situación interna de Venezuela sigue marcada por una crisis política persistente. A comienzos de 2025, Nicolás Maduro fue juramentado para un nuevo mandato pese a denuncias de irregularidades en el proceso electoral. La oposición, fragmentada y con varios de sus líderes detenidos o inhabilitados, mantiene llamados a la protesta, aunque sin capacidad de movilización masiva. Reportes de observadores independientes confirman la presencia de tropas de élite del Ejército en zonas urbanas clave, así como un incremento en las detenciones por motivos políticos.
Washington ha reiterado que no reconoce la legitimidad del mandato de Maduro y mantiene sanciones sobre PDVSA, el Banco Central de Venezuela y altos mandos militares. El secretario de Defensa estadounidense afirmó en conferencia de prensa que “las operaciones en el Caribe continuarán mientras persistan las actividades ilícitas que financian al régimen venezolano”. No obstante, analistas en Washington reconocen que la medida también busca frenar el fortalecimiento de la cooperación militar de Caracas con Rusia, China e Irán.
Fuentes del CSIS y del Atlantic Council confirman que durante los últimos meses se ha detectado la llegada de asesores rusos al puerto de La Guaira y la presencia de personal técnico iraní en instalaciones industriales bajo control militar. Estos vínculos han sido interpretados por la inteligencia estadounidense como una amenaza a la seguridad hemisférica. En respuesta, el Departamento de Estado coordina junto con Colombia y Países Bajos una red de vigilancia marítima que cubre el corredor entre Aruba, Bonaire y Curazao.
En el ámbito diplomático, la Unión Europea ha reiterado su respaldo a una solución política y la celebración de elecciones libres supervisadas internacionalmente, mientras la Organización de Estados Americanos ha advertido que “la militarización del Caribe incrementa el riesgo de un conflicto que podría desestabilizar toda la región”. Sin embargo, hasta la fecha no existen negociaciones activas entre Washington y Caracas que permitan una desescalada.
El despliegue estadounidense, según documentos del Pentágono citados por Newsweek, se mantendrá de forma indefinida mientras el Comando Sur considere que la zona continúa siendo “de interés estratégico”. En los hechos, esto consolida la mayor presencia militar de Estados Unidos en el Caribe desde la invasión de Panamá en 1989.
La crisis venezolana, lejos de resolverse, se adentra en una fase de alta tensión internacional. Los movimientos de flotas, el reforzamiento de posiciones militares y la ausencia de canales diplomáticos efectivos dejan al país en el centro de una pugna geopolítica que enfrenta directamente al gobierno de Maduro con la principal potencia militar del mundo. Cada día que pasa, el margen para la negociación se reduce, y el Caribe se consolida como el nuevo epicentro de la rivalidad estratégica entre Washington y sus adversarios.
