El uso de la tobillera electrónica como alternativa a la cárcel tiene los días contados para un sector específico de la delincuencia. Un nuevo proyecto de ley, que avanza en la corriente legislativa bajo el expediente 25.158, busca prohibir de forma tajante que los jueces otorguen el beneficio de arresto domiciliario con monitoreo a cualquier persona que utilice armas para cometer un delito.
La iniciativa surge en un contexto donde el Ministerio de Seguridad y diversas bancadas han criticado la “puerta giratoria” del sistema judicial. Según el texto de la reforma, el objetivo es modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal para que el uso de violencia armada sea un excluyente directo de cualquier medida cautelar que no sea la prisión preventiva.
Actualmente, la legislación permite un margen de interpretación que ha facilitado que imputados por asaltos violentos o robos agravados esperen su juicio en casa con un brazalete. La reforma propuesta es específica: no importa si el arma es de fuego (permitida o ilegal), blanca o incluso un objeto contundente; si hubo un arma de por medio, el beneficio queda anulado.
“El mensaje para la delincuencia tiene que ser contundente. No podemos permitir que una víctima de un ‘bajonazo’ o de un asalto a mano armada se tope a su agresor en la pulpería del barrio a los tres días porque un juez le puso una tobillera”, explicaron los proponentes de la bancada de Nueva República en la justificación del proyecto.
La reforma no solo apunta a las armas de fuego. El texto también incluye una prohibición estricta para delitos donde se emplee la “fuerza sobre las cosas o violencia sobre las personas”. Esto cerraría el portillo en casos de robos a viviendas con moradores y asaltos en vía pública, donde la intimidación es la herramienta principal del criminal.
Este movimiento legislativo se suma a la reciente Ley 10.517, aprobada el año pasado, que ya restringía las tobilleras para casos de narcotráfico y sicariato. Sin embargo, esta nueva propuesta va un paso más allá al enfocarse en el medio empleado (el arma) y no solo en el tipo de delito, buscando cubrir el vacío legal que hoy permite que asaltantes comunes eviten la cárcel.
El proyecto se encuentra ahora en la etapa de consultas institucionales, donde se espera el criterio del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Paz antes de ser dictaminado para su votación en el Plenario.
