Opinión: La pandemia fue el escenario perfecto para que la industria farmacéutica y funcionarios públicos en todo el mundo negociaran en la sombra, ocultando contratos y abusando de la urgencia. Los casos son demasiados y no podemos ignorarlos:
Filipinas: la empresa Pharmally recibió contratos millonarios para importar insumos médicos con sobreprecios y de baja calidad. Investigaciones legislativas demostraron vínculos entre ejecutivos de la farmacéutica y funcionarios de alto nivel.
Vietnam: la compañía Việt Á protagonizó un escándalo por la venta de pruebas PCR a precios inflados, sobornando a funcionarios para asegurar contratos. El caso alcanzó al propio ministro de salud y a líderes regionales.
Brasil: el episodio Covaxin reveló negociaciones para la compra de vacunas con sobrecostos de hasta diez veces el valor real. El Congreso investigó posibles falsificaciones de documentos y corrupción a nivel ministerial.
Unión Europea: el llamado Pfizergate mostró contratos multimillonarios con Pfizer sin transparencia. Mensajes de texto entre la presidenta de la Comisión y ejecutivos de la farmacéutica desaparecieron misteriosamente, y la justicia europea exige abrir los archivos.
Estados Unidos (Texas): el fiscal general demandó a Pfizer acusándola de engañar sobre la eficacia de la vacuna, exagerando su protección y ocultando información clave para sostener contratos millonarios.
Perú: Indecopi investiga a 15 farmacéuticas por colusión en licitaciones estatales de medicamentos, inflando precios y perjudicando directamente al sistema de salud público.
México: autoridades anticorrupción inhabilitaron a Biomedics por falsificación de documentos y sobrecostes en contratos, mientras otras 16 farmacéuticas están bajo investigación por irregularidades en cientos de licitaciones.
En Costa Rica también se firmaron contratos de vacunas y se gastaron millones en compras directas bajo la bandera de la emergencia. Pero hasta hoy no se han publicado de forma íntegra los contratos con las farmacéuticas, no existen auditorías públicas que verifiquen si se pagaron sobreprecios y ningún funcionario ha explicado con detalle cuáles fueron las condiciones impuestas por las empresas.
Si en potencias y países con fuertes mecanismos de control se destaparon fraudes y sobreprecios, ¿qué nos hace pensar que en Costa Rica todo fue intachable? El silencio de las autoridades ya no es cautela: es sospechoso. Exigir transparencia no es un capricho, es un deber cívico. Y si no lo hacemos, quedaremos como un país ingenuo que entregó su soberanía sanitaria a las farmacéuticas sin cuestionar nada.
